Alexánder Toro, director del SP, señaló que la falta de recursos para construcción de nuevas prisiones y el lento avance de los procesos judiciales son algunas de las complicaciones que afronta la institución.
El funcionario restó importancia a las críticas de varios sectores de la sociedad, que han señalado que el país tiene el peor sistema penitenciario del mundo, debido al hacinamiento y falta de control en las prisiones.
Toro solicitó al Congreso modificar algunas leyes para despenalizar varios delitos con cárcel preventiva, como el caso de pilotos involucrados en accidentes de tránsito o de padres detenidos por negación de pensión alimenticia.
La precaria situación de las cárceles del país llevó a que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) condenara al Estado y señalara como responsables al Ministerio de Gobernación y al SP por las 188 denuncias que recibieron en el 2015 sobre violación del derecho a la integridad y a la seguridad de los reos, debido a los motines que se registraron a finales del año pasado en Escuintla y Puerto Barrios, Izabal, que se saldaron con la muerte de 25 reclusos.
A principios de enero también se reportó otro motín, en Chimaltenango, que dejó seis reos muertos.
“El primer derecho humano por el cual debe velar el Estado en una cárcel es la vida, y esto no se cumple”, lamentó Gerardo Villamar, defensor del Debido Proceso de la PDH, en declaraciones a Prensa Libre, el 8 de enero último, en las que señaló que en el 2015 se registró la muerte de 104 personas en las cárceles del país, de las cuales, 57 fueron en forma violenta.
Temibles y abarrotadas
La falta de control de las autoridades en los centros de detención se ve reflejada en los dos de Escuintla, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá y la Cárcel de Alta Seguridad El Infiernito, donde con frecuencia ocurren motines y fuga de reos, lo que causa zozobra entre los pobladores del sector.
La Granja Modelo de Rehabilitación Canadá fue construida en la década de 1970, para albergar a 600 reos; sin embargo, a la fecha resguarda a dos mil 698.
Situación similar sucede en El Infiernito, donde hay 276 reclusos, a pesar de haber sido construida para cien. De esa cárcel, el 22 de octubre del 2005 se fugaron 19 reos, algunos condenados a pena de muerte, y el 29 mayo del 2015 escaparon otros cinco.
En Izabal, la situación también es complicada, ya que hasta diciembre último, en un recinto que fue acondicionado para 400 personas estaban recluidas 987. Además, la prisión se ubica en la zona urbana de la ciudad, lo que causa temor entre vecinos, por los frecuentes incidentes.
En Cantel, Quetzaltenango, la Granja Penal Cantel también se enfrenta al problema de hacinamiento, pues tiene capacidad para 625 reos, pero conviven mil 910, lo que ha sido causa de constantes enfrentamientos entre ellos.
Un recluso del Centro Preventivo para Hombres de Santa Cruz del Quiché lamentó que además del hacinamiento hay corrupción por parte de agentes del SP, que por ingresar un teléfono celular cobran Q400 —Q200 para el guardia y Q200 para el encargado de sector—, por una botella de licor, Q300, y por una libra de marihuana, Q500.
Durante la visita, nuestros familiares deben soportar que algunos presos fuman marihuana”, comentó el reo.
Viven con temor
A los problemas dentro de las cárceles se suma el creciente temor de quienes viven en los alrededores de estas, pues aseguran ser víctimas de extorsiones que coordinan los presos, y de asaltos que cometen sus parientes o integrantes de sus bandas, que migran para estar cerca de ellos.
Martín Alvarado, vecino de la zona 1 de Xela, donde se encuentra una prisión, señaló que los pobladores temen ser víctimas de los enfrentamientos que se registran entre parientes de los reos.
“La cárcel no debe estar aquí, pues es una zona residencial. Los vecinos se quejan porque los niños no pueden salir a la calle porque familiares de los reos acosan a las jovencitas”, explicó.
Reportan disparos en interior de cárcel de Puerto Barrios, #Izabal, donde hace dos días fueron muertos ocho reos. pic.twitter.com/QXFVjlIaTy
— César Pérez (@Cperezm_pl) January 2, 2016
“Da pena pasar frente a la cárcel, pero yo lo tengo que hacer cuando voy a la universidad”, refirió Alejandra Morales.
René Aceituno, presidente de la Asociación de Periodistas de Izabal, manifestó que es necesario establecer una mesa de diálogo para solicitar que la cárcel sea retirada del casco urbano.
“Es un riesgo para todos que el centro penal permanezca en medio de la ciudad, ya que la Policía no puede accionar durante un amotinamiento o una fuga. Hay casas cerca de la cárcel y en caso de enfrentamiento, los vecinos quedan entre fuego cruzado”, advirtió.
Con información de C. Paredes, C. Ventura, D. Stewart, V. Chamalé, O. Cardona, V. Gómez, O. Figueroa, R. Escobar, M. Castillo, M. Popá, J. Tizol, R. Miranda
