La alcaldesa, Isel Súñiga, adquirió 15 armas de fuego tipo carabina del modelo LA-15, calibre .223 a un precio de Q25 mil cada una, con un costo total de Q375 mil. La adquisición de cartuchos de munición para las respectivas armas fue por un costo total de Q36 mil.
La adjudicación de la compra se hizo a la empresa El Franco Tirador, ubicada en la zona 1 de Chiquimula. El valor total de asciende a Q411 mil. De acuerdo con las facturas, las compras fueron hechas el 22 y 29 de enero.
Es la primera vez que la empresa en cuestión vende productos al Estado y está bajo el nombre de Pedro Luis Dubón Picén.
El pasado 31 de enero en las redes sociales de la municipalidad de Ayutla, San Marcos, se dio a conocer que, en un acto público la alcaldesa de la localidad anunció la entrega de patrullas y equipo táctico con el objetivo de mejorar la seguridad en el referido municipio.
El armamento fue utilizado para equipar a la policía municipal. “El equipo táctico será no para cuidar a la alcaldesa, no para cuidar a los miembros del concejo, sino para cuidar a la población ayutleca”, anunció Súñiga durante su discurso.
A pesar de un atentado en el agosto pasado, una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que en la localidad no se solicitó aumento de efectivos.
Suplen funciones de PNC
Para Mario Mérida, analista en seguridad y coyuntura, existe una ilegalidad en la creación de las policías municipales, ya que estas estarían supliendo las funciones que ejerce la PNC. A pesar de que se indica que las municipalidades son autónomas.
“La Ley de Armas y Municiones no establece que las municipalidades pueden crear cuerpos de seguridad porque de una u otra manera cuando están armados en las calles, están supliendo funciones de la PNC, que por mandato legal le corresponde la seguridad pública y el orden social”, argumenta el analista.
En ese sentido, el ministro del Interior, Francisco Jiménez, inició un análisis jurídico sobre la legalidad de la adquisición por las normativas vigentes.
“Tenemos que ver los aspectos jurídicos porque, lamentablemente en ese aspecto, hay algunas dudas legales que es lo que permite que muchas municipalidades puedan adquirir armas. Entonces estamos haciendo un estudio jurídico para proceder adecuadamente”, afirmó.
Uso de armamento
Mérida también indica que, para el uso de cualquier tipo de arma de fuego, las personas deben cumplir con un examen psicológico que certifique el uso de armamento.
Este trámite debe efectuarse ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) y que en el caso los agentes municipales de Ayutla debieron cumplir con este requisito a pesar de la ilegalidad que esto conlleva.
