Francisco Mateo, de la Comisión Política del Consejo del Occidente, dijo que las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala comenzaron durante el gobierno de Álvaro Arzú, quien sentó las bases legales y políticas que favorecen el despojo de las riquezas naturales en el territorio, mediante las concesiones a empresas transnacionales y/o nacionales.
Mateo agregó que hicieron un análisis político sobre las amenazas contra la naturaleza, y más de 50 consultas en diferentes pueblos indígenas han coincidido en que el Gobierno tiene que garantizar el respeto a la naturaleza y los derechos que tienen los pueblos de conservar su territorio.
“Sistemáticamente las instituciones públicas han estado al servicio de las empresas nacionales y transnacionales, que utilizan la persecución penal, la represión, intimidación, y fuerzas de seguridad para desarticular las resistencias comunitarias”, indicó.
Humberto Velásquez, del Comité Comunitario de Desarrollo de San Miguel Ixtahuacán, dijo que la empresa minera Marlin los ha criminalizado como consecuencia del rechazo que mantienen contra esa firma.
Ramona Chocoj, pobladora de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, indicó que el problema en su comunidad es la construcción de una cementera, en la que desde hace seis años se han dedicado a talar árboles.
Santos Mendoza, de la Defensoría Indígena de Sololá, recordó a las personas que han muerto en diferentes lugares por alzar su voz en contra de estas actividades.
Entre las víctimas mortales están Raul Castro Bocel, de Sololá; Hilmer Orlando Boror, de Guatemala; Guadalupe Chajón, de San Juan Sacatepéquez, Guatemala; Juan López, de Colotenango, Huehuetenango; Víctor Gálvez, de San Marcos; y Óscar Reyes, Rhilmer Borror y Lorenzo Acabal, de Guatemala.
