Sin embargo, en asamblea comunitaria extraordinaria, vecinos decidieron redactar un documento para solicitar a las policías Nacional Civil y Municipal de Tránsito la instalación de puestos de control para que verifiquen el cobro ilegal que hacen los pilotos.
El documento fue enviado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), al Juzgado de Asuntos Municipales, al Concejo y al alcalde Miguel Chavaloc.
El presidente de la Asociación de Microbuseros, Roque Say, argumentó: “El incremento se debe a lo caro del combustible y de los repuestos”.
Agregó que la tarifa se había mantenido en Q1.25 desde hace más de 15 años, lo cual es injusto, porque los productos de consumo diario suben cada.
Say indicó que realmente esta nueva tarifa no ha sido aprobada por las autoridades municipales, pero se espera que acceda a esta petición.
El alcalde Chavaloc manifestó que espera reunirse con los inconformes y los transportistas en estos días, a fin de llegar a un acuerdo.
En un documento redactado por autoridades de los 48 cantones se exige a la PDH que verifique que los agentes de seguridad y de Tránsito realicen la inspección solicitada por la población, y que no permitan más abusos.
