Entre las organizaciones que presentaron sus argumentos ante la CC figuran, además del Cacif, Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala, Banco Industrial, Contécnica, Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), Credomatic de Guatemala, Citi Tarjetas de Guatemala, Banco Citi Bank de Guatemala y Banco Promérica.
De igual forma, participaron la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Economía y el Ministerio Público.
La ABG solicitó una acción de inconstitucionalidad general total para que se deje sin vigencia definitiva la totalidad de la Ley y que desaparezca del ordenamiento jurídico del país.
Luis Lara, presidente de la ABG, resaltó que toda ley financiera debe proteger al depositante y no “al mal deudor”, como lo hace el Decreto 7-2015.
“Creo que lo correcto sería dar con lugar los recursos planteados, dejar esa ley fuera de la legislación, y trabajar en una nueva norma que esté basada en aspectos técnicos”, afirmó Lara.
Antecedentes
El pasado 30 de marzo de 2016 por unanimidad, la CC suspendió de manera provisional la Ley de Tarjetas de Crédito, que había entrado en vigencia el 8 de marzo último.
La presidenta de la CC Gloria Porras, argumentó en ese entonces que uno de los vicios por los cuales se suspendió fue por la forma como el Congreso aprobó la normativa.
