El plebiscito de fines de los años de 1980 no solo decidió el fin del régimen militar, sino también instaló un debate intenso en la sociedad de aquel país, que se planteó cómo hacer coexistir un modelo económico parido, bautizado y confirmado por el neoliberalismo al lado de un Estado fuerte e instituciones democráticas que dieran respuesta a las necesidades de la población.

Por cuatro elecciones consecutivas desde la salida del general Pinochet el pueblo chileno eligió a la “Concertación de partidos por la democracia” —coalición de centro izquierda—. Los dos primeros presidentes, Patricio Aylwin y Eduardo Frei, salieron de la Democracia Cristiana, seguidos por los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

El liderazgo de la Concertación tuvo el buen tino de saber ponderar los aciertos del anterior régimen, capitalizando de unos fundamentos económicos sólidos, pero impulsando a la vez reformas políticas y sociales necesarias para la modernización del país. Con ello lograron que los años dorados de crecimiento económico pudieran traducirse en desarrollo para una mayoría. Muchos recordamos cómo durante los años noventa a Chile se le comparaba con el milagro económico de los tigres asiáticos —Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán—, acumulando tasas de crecimiento económico por encima de 6 ó 7 por ciento por varios años consecutivos.

El evento electoral del 2000 llevó a la presidencia al socialista Ricardo Lagos Escobar. Todavía recuerdo un mitin de campaña en la Plaza Brasil, ubicada en el centro histórico de Santiago, donde el entonces candidato anunció a sus seguidores que en 10 años formarían parte del club de países desarrollados. Curiosamente, en mayo del 2007 Chile fue invitado a formar parte de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), y se espera que dicho proceso concluya en enero próximo. Con ello los chilenos dan un paso muy importante para alcanzar dicho objetivo.

Los últimos 20 años de historia política y económica de Chile guardan muchas lecciones que el resto de países latinoamericanos no debemos tomar con ligereza. Primero, evidencian que el debate político es posible, necesario y que puede tener un mínimo nivel de altura y contenido. Segundo, es posible la coexistencia de una economía de mercado robusta generando riqueza, con un Estado dotado de recursos humanos, institucionales y financieros que le permitan construir redes de protección social suficientes para proteger a los más vulnerables. Tercero, que se puede tener una clase política con capacidad de protesta y propuesta, pero también con tino para distinguir aquello que vale la pena mantener en el tiempo y aquello que debe irse, desecharse. Pero sobre todo Chile ha demostrado que la visión de país en América Latina es algo factible, y no una simple quimera.

Hoy nuevamente están ante un momento histórico. Tras la primera vuelta electoral de hace unas semanas, el candidato opositor Sebastián Piñera obtuvo 44 por ciento de los votos y aparece como la primera opción para llegar La Moneda —algo que la derecha no logra por la vía democrática desde 1958—. Su contendiente será el ex presidente Eduardo Frei, candidato del oficialismo.

Sin embargo, el cuento no termina allí. Hay otros dos elementos que no pueden desestimarse en la coyuntura. Por una parte, de las entrañas de esa misma Concertación que pelea por continuar en el poder surgió la figura de Marco Enríquez-Ominami, liderazgo joven, disidente, que se presentó con una candidatura independiente y logró capturar 20 por ciento del voto. Y por la otra, la presidenta Bachelet está por dejar el cargo con niveles de popularidad por sobre 75 por ciento, casi tan altos como los que tuvo Ricardo Lagos al transferirle el mando.

Las predicciones para la segunda vuelta del próximo 17 de enero hacen pensar que el pueblo chileno optará por la alternabilidad en el poder. Cualquiera sea el resultado, hay dos grandes asignaturas pendientes que tiene la clase política chilena con su sociedad y que deben ser atendidas en los próximos años: seguir trabajando para reducir las desigualdades que caracterizan a la distribución de su riqueza, y procurar más espacios de participación y relevo generacional en la conducción política del país.

“Es posible la coexistencia de una economía de mercado robusta generando riqueza, con un Estado dotado de recursos humanos, institucionales y financieros, que le permitan construir redes de protección social suficientes para proteger a los más vulnerables”.