Aunque el caso y su proceso se mantuvo en hermetismo, fuentes de Prensa Libre constataron que la demanda —la mayor en la historia del país— se interpuso en el Centro Internacional de Arbitraje, con sede en Washington, EE. UU., en los primeros días de este mes.

La información señala que el monto podría ser mayor, ya que en el memorial —de 241 páginas— se mencionan cifras por otros argumentos, algunos específicos y otros abiertos, pero que quedaban pendientes de cálculo.

Una de esas justificaciones se refería a la participación accionaria de Iberdrola en la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), donde posee 49 por ciento de las acciones que se privatizaron de la distribuidora.

La firma reclamó el pago de US$336 millones por el valor de las acciones antes de lo que consideran “expropiación indirecta”, y una cifra idéntica por el monto que podría dejar de recibir durante el quinquenio 2008-2013 por la baja en el Valor Agregado de Distribución (VAD).

Iberdrola comenzó la intención de arbitraje internacional, por su desacuerdo con el establecimiento del VAD a la EEGSA, en el 2008.

Esta acción fue entablada en abril del 2009, después de que la compañía y el Estado no llegaran a consenso en el marco del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones de ambos países.

Jorge Alonso, gerente de la EEGSA, afirmó por teléfono en esa oportunidad que se encontraba fuera del país y que no estaba informado al respecto. Aclaró que solo podía opinar sobre procesos nacionales iniciados.

Esa empresa ya había recibido el amparo de dos juzgados nacionales por el mismo asunto; sin embargo, el 18 de noviembre de este año la Corte de Constitucionalidad resolvió uno de los amparos y falló a favor de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con lo que dejó intacto el VAD.