Según el superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, la estimación de la reducción del contrabando surge a partir de una metodología que combina diferentes indicadores, como el desempeño de la recaudación en aduanas, el volumen de decomiso de mercancías no declaradas y los respectivos ajustes, entre otros.
Y de acuerdo con el intendente de Aduanas de la SAT, Werner Ovalle, en lo que va de 2023, el valor de la mercancía decomisada suma alrededor de Q11.2 millones, y las medidas y ajustes en aduanas equivalen a aproximadamente Q76.3 millones. En 2022, el valor de la mercadería incautada sumó unos Q60.2 millones y el monto de los ajustes ascendió a cerca de Q350.7 millones.
Ovalle detalló que, del valor total de mercadería decomisada por contrabando, el 50.28% afecta al sector de textiles, confección y calzado, con Q30.7 millones; el 23% le corresponde a comercio, con un total de Q14.3 millones; el 11% es solo por cigarrillos, con un valor aproximado de Q6.6 millones.
Le siguen los artículos de higiene, limpieza y cosméticos, que representan un 3.8% de la decomisado (Q2.3 millones); alimentos procesados, 3.45% (Q2.1 millones); y ganadería y lácteos, 2.62% (Q1.6 millones).
El resto de mercadería pertenece a los sectores de bebidas; granos básicos; industria farmacéutica; agricultura; químicos y plásticos; metalmecánica; café; sector avícola, pesca y acuicultura; y construcción.
Otra metodología, la misma tendencia
Durante la reunión del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon), Axel Romero, gerente de gestión de la Comisión de Defensa de Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala, indicó que según estudios, la evasión fiscal por comercio ilegal podría
ascender a unos Q500 millones anuales, y que el valor del contrabando y defraudación aduanera, así como el comercio legal, suman unos Q14 mil millones.
Entonces, el comercio ilegal afecta al 40% del sector industrial tabacalero; igual porcentaje al de alimentos y bebidas; al 35% de la industria granalera; 22% al farmacéutico; 20% al sector avícola; 18% al de bebidas alcohólicas; 15% a la industria de bebidas fermentadas; e igual porcentaje para el cemento.
Sin embargo, Romero destacó que de acuerdo con un indicador que manejan desde 2018, al comparar el monto estimado la defraudación anual, en 2022, se observó una reducción equivalente al 35.48% con relación a 2021, al pasar de Q1 mil 79.3 millones a Q696.3 millones.
“Podríamos decir que, aunque existen diferencias en el mecanismo de evaluación, definitivamente hay una correspondencia entre los indicadores que nosotros observamos externamente y los que presenta la institucionalidad”, concluyó Romero, al referirse que en tanto la SAT estima una reducción del 40% del contrabando, los datos de la CIG son de un 35%.
Mensaje positivo
Waleska Sterkel, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), dijo que la reducción del contrabando envía un buen mensaje para la atracción de inversión extranjera, ya que, en la medida en que no se contrarresta este problema, el país pierde competitividad, por lo que consideró un avance el trabajo interinstitucional entre los sectores público y privado.
Cristian Mayorga, director comercial de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), también externó su complacencia con el trabajo coordinado entre las diferentes cámaras empresariales y el sector público en la lucha contra el contrabando, por lo que consideró importante fortalecer los esfuerzos iniciados desde hace varios años.
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