Muerte de soldados: “No es tema de conflictividad es violencia e inseguridad”, afirmó Carla Caballeros de Camagro

Cámara del Agro indica que desde hace diez años ha pedido al Estado investigar inseguridad en Izabal y el Valle del Polochic.

Tarea de rescate de los cuerpos de los tres soldados en la aldea Semuy 2, Izabal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Tarea de rescate de los cuerpos de los tres soldados en la aldea Semuy 2, Izabal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

También se pronunció la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y sus integrantes manifestaron su repudio y consternación ante los hechos e hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil para que continúen las acciones y logren retomar el control y orden definitivo de los territorios.

También, la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (Ascabi) condenó enérgicamente los trágicos hechos y exigieron a las autoridades esclarecerlos con la verdad hasta las últimas consecuencias.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se unió al llamado y solicitó a las autoridades resguardar a la ciudadanía y colaboradores agroindustriales de la zona.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), espera que con el estado de Sitio las autoridades puedan retomar el control de los lugares que incluye la medida y que han dejado de ser conflictivos para pasar a la “violencia e inseguridad”.

Los integrantes de Camagro han denunciado durante años este tipo de hechos delictivos y aseguraron que deberían servir de alerta para prevenir la situación que se originó hace dos días cuando asesinaron a tres miembros del Ejército de Guatemala.

“Hay una total falta de acción e inoperancia de las autoridades, pero particularmente de aquellas que tienen obligación penal”, dijo Caballeros.

En opinión de la ejecutiva las muertes trágicas de los soldados se pudieron evitar, porque este tipo de violencia en los municipios del Valle del Polochic es recurrente, donde grupos organizados están utilizando a la población.

¿Cómo analizan la medida del Ejecutivo de decretar estado de Sitio?

Vemos positivo y necesario para recuperar el control territorial la presencia del Estado a través del estado de Sitio, pero creemos que debe darse en respeto a la Constitución Política de la República, conforme a  garantías del derecho internacional, y que todos los órganos que pueden ejercer los controles de manera responsable sobre el ejercicio del estado de Sitio deben entrar a funcionar, incluye al Congreso de la República y  Procuraduría de Derechos Humanos.

¿Cómo afecta a la agroindustria este tipo de situaciones?

No tiene que ver con cultivos o la agroindustria, es un tema de país, porque llevamos 10 años denunciando, y si hablamos de cultivos, entonces lo toman como conflictividad, y ya no lo es. Es inseguridad, son grupos de crimen organizado que están operando en esos dos departamentos y cometen delitos que deben ser investigados.

¿Cuáles son los territorios que reportan este tipo de violencia e inseguridad?

Nosotros tenemos mapeados municipios de El Estor, Izabal y los municipios del Valle del Polochic, Alta Verapaz; es decir, desde Río Dulce hasta el Valle del Polochic. Ahí es donde hemos denunciado que ocurren los hechos delictivos.

¿Cómo afecta la paz económica estos hechos de violencia?

Es alarmante que estos departamentos estén cooptados por estructuras criminales, pero principalmente que no exista estado de Derecho por este tipo de delitos; por lo tanto, se envía un mensaje de falta de seguridad, tanto física como a las inversiones locales e internacionales.

¿Cómo afecta a las comunidades?

Incrementa la pobreza porque no llegan las empresas y no se genera empleo, no llega la infraestructura, los puestos de salud   tampoco cuentan con los recursos para atender a la población.

¿Desde cuándo Camagro tiene conocimiento de hechos delictivos en esos lugares?

Las familias y productores de Izabal y Alta Verapaz han sido víctimas de una cantidad de delitos y crímenes que han sucedido en los últimos años.

Hemos   denunciado, tanto públicamente como a través de comunicados de prensa que quedan como registro público ante las autoridades, durante los últimos cuatro gobiernos.

¿A quiénes han trasladado sus denuncias?

Debido a los constantes ataques de grupos criminales hacia las comunidades y los productores del lugar, hemos tenido reuniones con los últimos cuatro presidentes, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales, para denunciar los hechos y hacer algunos planteamientos; por ejemplo, que no se siga hablando de conflictividad, sino que lo que sucede en esos lugares es operaciones de grupos y crimen organizado: es un problema de inseguridad.

¿Qué otra petición ha presentado?

Otro punto es que respondan garantizando presencia del Estado en esos lugares. Esa presencia debe darse garantizando la seguridad; es decir, PNC, Ejército e instancias de justicia, jueces, a través del Organismo Judicial,  y fiscales del Ministerio Público: todos los temas que tienen que ver con la atención a las comunidades.

¿Se han reunido con más instituciones y quiénes?

También nos hemos reunido con las últimas tres fiscales generales, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y Consuelo Porras a quienes hemos presentado la preocupación de los hechos violentos que suceden en esos municipios de El Estor y Valle del Polochic, donde se han aprovechado estructuras del crimen organizado y de manera violenta han invadido fincas propiedad privada de manera violenta.

También se presentaron los casos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) donde se evidenció las estructuras que invadían fincas y tampoco hicieron nada para avanzar con estos temas.

¿Cuáles son los hechos que se han registrado en esos lugares y que tienen conocimiento?

En esas múltiples invasiones se han registrado secuestros de trabajadores, tala ilegal y robo de maderas preciosas que son delitos ambientales, se han registrado cómo destruyen propiedades y tampoco han avanzado las investigaciones por las tres fiscales mencionadas anteriormente.

Adicional a eso, también se la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que participa cuando hay órdenes de desalojo ha presenciado que existen otro tipo de estructuras criminales operando detrás de las invasiones.

Por ejemplo, una finca en particular en el 2016 los invasores les dispararon a los agentes de la PNC con armas AK-47 y la PNC no portaba armas, esto también se denunció y nada sucedió.

En el 2017 también se dieron denuncias de fincas invadidas porque estaban robando madera y de igual forma los comunitarios atacaron a los agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) los secuestraron, robaron la patrulla, destruyeron todo, y los agentes lograron escapar, devolvieron las armas a través de un proceso de diálogo que quedó en la impunidad, “no se aplicó la ley como se debe”.

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