Durante esta semana se desarrolla la Conferencia Mundial sobre Empresa y Derechos Humanos, y el sector empresarial actualiza política institucional e incentiva a otros sectores a trabajar en ese marco.
Al menos 10 estados estadounidenses son los más interesantes y de mayor potencial para el envío de productos agrícolas guatemaltecos, según el top 10 de Cabi-US Opportunities.
La pandemia deja lecciones en la agricultura, porque en los momentos críticos se amenazó la producción de alimentos y perturbó las cadenas de valor y comercialización.
El contrabando de cerdos y de carne de cerdo se ha incrementado en el 2020, y en abril de este año se duplicó con respecto al mismo mes del 2019, según datos del sector.
El sector agrícola evidencia una baja en las demandas, en las ventas y la productividad como impacto de las restricciones por el covid-19 en el país, reveló encuesta del Central American Business Intelligence (Cabi).
El sector agrícola del país informó que respaldan las decisiones del Gobierno de Guatemala con el objetivo de resguardar la salud de los guatemaltecos, y afirmaron que la actividad agroexportadora, producción agropecuaria nacional y la producción agroindustrial continuarán operando en toda su capacidad.
El Ministerio de Comunicaciones y Anadie, apoyados por 10 cámaras empresariales, encabezadas por el Cacif, solicitaron este jueves 17 de octubre al Congreso que apruebe en tercera lectura la Ley que contiene el contrato para la Autopista Escuintla a Puerto Quetzal, de lo contrario, indican, habrá múltiples efectos.
La Cámara del Agro (Camagro) apoya la Ley sobre Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, y estimaron, según análisis, que en los primeros dos o tres años de la ley podría incrementar la recaudación tributaria entre Q250 millones y Q300 millones.
Las hectáreas de territorio usurpado pasaron de 10 mil anuales en la época de los noventas, a más de 164 mil en 2018, un costo de más de Q5 mil millones en contra de la producción agrícola de Guatemala.
Cámara del Agro indica que desde hace diez años ha pedido al Estado investigar inseguridad en Izabal y el Valle del Polochic.
