Política

Sector privado pide a Bernardo Arévalo declarar estado de Prevención por bloqueos en Guatemala

Cámara de Comercio, Agexport, CIG y Camagro cuestionan los cierres de carreteras y piden al Ejecutivo garantizar la libre locomoción.

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Cámaras empresariales advierten pérdidas millonarias, retrasos en la cadena logística y efectos en la recaudación tributaria por los cierres de carreteras. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

La Cámara de Comercio de Guatemala exige al gobierno de Bernardo Arévalo y a su consejo de ministros decretar un estado de Prevención para restablecer el orden público e impedir que continúen los bloqueos en carreteras.

El sector empresarial señala que la violación de la libertad de locomoción lleva a Guatemala a una situación “insostenible”.

“Guatemala no puede seguir a merced de delincuentes que de forma material e intelectual están provocando estos bloqueos”, señala el comunicado de la entidad publicado en redes sociales.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) se suma a la solicitud, ya que considera “inaceptable” que los guatemaltecos pasen horas detenidos o sean obligados a caminar largas distancias para llegar a sus trabajos, hogares, centros de estudios o servicios de salud.

Por tanto, pide al Ejecutivo liberar de inmediato las rutas y tramos afectados.

Además, señala que los bloqueos no resolverán la problemática del alza del precio del diésel y las gasolinas.

Durante la edición 21 del Congreso Industrial, el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Enrique Font, afirmó que las interrupciones del tránsito generan costos adicionales para la economía y no representan una respuesta efectiva.

Font atribuye el incremento del precio de los combustibles a factores externos y geopolíticos. También mencionó que los bloqueos son ilegales y, por ende, pide a las autoridades gubernamentales actuar dentro del marco jurídico para garantizar la libre locomoción.

Además, argumenta que una jornada de bloqueos podría representar aproximadamente Q100 millones menos en recaudación tributaria.

En una entrevista en Prensa Libre Radio, la directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), Carla Caballeros, presumió que el cierre de carreteras responde a un movimiento político y calificó de “delincuentes” a quienes participan en este tipo de acciones.

En consecuencia, Caballeros solicitó al Ministerio Público investigar quiénes están detrás de los bloqueos y señala que, aparentemente, estarían implicados diputados y posibles candidatos.

Igualmente, reconoció que el Gobierno ha mostrado una incapacidad que, según dice, es evidente, pero opinó que los bloqueos tampoco son la vía para resolver la situación de ingobernabilidad.

Asimismo, criticó que unidades médicas solicitaron a los responsables de los bloqueos permitir el paso de los pacientes.

Aseguró que se pierden US$35 millones diarios por la imposibilidad de efectuar traslados entre puertos.

Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala, señala que hay retrasos y demoras en la cadena logística por los bloqueos. De momento, la actividad comercial se desarrolla con normalidad parcial, pero hay pérdidas millonarias.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana pide a las autoridades cumplir con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.

Amcham Guatemala enfatiza la importancia de adoptar medidas para restablecer el libre tránsito, prevenir nuevos bloqueos en los próximos días y garantizar la certeza jurídica en el país.

(Foto Prensa Libre: Amcham Guatemala).

También insta a que prevalezcan el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos de trabajar, producir y movilizarse.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) solicita al Ministerio Público indagar quién organiza el cierre de carreteras, si existe financiamiento y cuáles serían las motivaciones de tales acciones.

Señala que durante los últimos 10 días se ha afectado el traslado de trabajadores, estudiantes, pacientes, mercancías, insumos y materias primas.

No obstante, descarta que sea necesario decretar estado de Prevención para quitar bloqueos, ya que se cuenta con resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.

El sector privado cuestiona que se solicite a los conductores su nombre y número de DPI durante los bloqueos, así como posibles cobros para circular.

Además, afirmó que sus representantes conversaron con el presidente Bernardo Arévalo y que el Ejecutivo les informó sobre acciones para liberar las carreteras y detenciones efectuadas.

Sin embargo, el Cacif reitera que las autoridades deben intervenir desde el inicio de un bloqueo y evitar que escale.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.