“Estamos articulando acciones con las comunidades y desde el principio estuvimos en desacuerdo en la modalidad público privado, porque afecta a los habitantes de Escuintla”, aseguró el representante, al indicar que las cinco organizaciones sindicales de la terminal se oponen al peaje para transitar.
Manifestó que se contraponen a la implementación del cobro para transitar en ese tramo, y reconoció que debe ser un trayecto en condiciones óptimas para agilizar el traslado de mercancías debido a que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) es de suma importancia para el comercio exterior.
Piden veto presidencial
Reyes Navarrete remarcó que el próximo lunes sostendrán reuniones con los representantes de las comunidades de esos municipios para coordinar acciones en conjunto.
En una primera instancia, dijo que pedirán al presidente Alejandro Giammattei el veto presidencial, que según él sería lo más pronto, así como las evaluaciones legales que están llevando a cabo los vecinos organizados.
En todo caso, se estarían sumando a las acciones que han emprendido las comunidades.
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El sindicalista recordó que un transporte pesado que utilizará la ruta de peaje incrementará el costo logístico que se trasladará al consumidor final en los bienes y servicios.
Reiteró que en este proyecto no hubo consulta, y lo que se tuvo que haber hecho era que el Estado asumiera la responsabilidad de hacer las reparaciones de la autopista, pero pasaron los años, y se terminó de deteriorar el tramo.
Contrato
El pasado miércoles 24 de noviembre, los diputados del Congreso aprobaron el contrato para la rehabilitación, administración, y operación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, para una concesión de 25 años a la firma Consorcio de Autopistas de Guatemala.
Directivos de la referida empresa han informado que el plazo de la construcción sería 18 meses y tendría una inversión proyectada de Q960 millones.
