El Estado guatemalteco debe impulsar medidas económicas, financieras y políticas que propicien la concesión de créditos en el área rural, recomienda un estudio de la Coordinación de ONG y Cooperativas, Congcoop.

El documento, presentado la noche de ayer, plantea que la sociedad guatemalteca debe darle seguimiento, especialmente, al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, para desarrollar una estrategia integral.

Esta, según el texto ?Ampliación del acceso al crédito en el área rural de Guatemala?, permitiría al Estado apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa agrícola rural.

Congcoop también sugiere la aplicación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-06.

En el estudio se recomienda la descentralización del Registro de la Propiedad Inmueble, a modo de que la población rural pueda legalizar la tenencia de la tierra.

Asimismo, estima que el Legislativo debe aprobar la iniciativa de Ley de Registro e Información Catastral.

Más representatividad

La agrupación considera necesario el balance de género entre los representantes ante la Junta Monetaria.

Adicionalmente, el documento aboga por la reactivación del Pacto Fiscal, pues el Estado podría contar con fondos suficientes, sin tener que recurrir al sistema financiero nacional.

Una de las medidas propuestas en el estudio es la posibilidad de que las agencias bancarias puedan autorizar préstamos.

?Podría crearse una ONG exclusivamente con el propósito de crear y manejar un buró de crédito rural?, precisa.

En esa línea destaca las bondades del banco comunal, por la facilidad de vincular actividades productivas de Pymes al sistema financiero global.

Un país ruralizado

La población guatemalteca vive mayoritariamente en el área rural.

En 1994 los habitantes rurales totalizaron 5.42 millones.

A mayo pasado, los bancos concedieron Q1 mil 975 millones para agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.

El departamento de Guatemala captó la mayor cantidad de préstamos y descuentos, con Q1 mil 455 millones.

Los comerciantes eran, en 1997, la fuente más fuerte de financiamiento rural, con un monto promedio de Q7.7 millones prestados.

Según los porcentajes de créditos y montos, las cooperativas ocuparon el segundo lugar.

En las zonas rurales la Población Económicamente Activa, PEA, alcanzó los 2.1 millones de personas en 2000.

En 2020 la PEA rural llegaría a los 3.84 millones.