El documento indica que la región centroamericana, al igual que varios países de Asia, África y Latinoamérica, es rica en reservas minerales y recursos naturales que en su mayoría siguen sin explotar, pero la debilidad institucional es aprovechada por redes criminales internacionales; además, la porosidad de las fronteras permite el movimiento del metales y minerales para satisfacer la demanda en el resto del mundo. Esto significa que siempre hay compradores dispuestos a pagar por estos bienes, sin hacer demasiadas preguntas sobre sus orígenes.
Punto de origen y de tránsito
Guatemala es uno de los países que, junto con Nicaragua y Panamá, figuran en el mapa de la actividad criminal en la región, en cuanto a este tema se refiere.
“Centroamérica y Guatemala desempeñan múltiples roles en el tráfico de minerales, actuando como países de origen y de tránsito. Las exportaciones de minerales de la región se destinan en última instancia a otros países, generalmente Estados Unidos o Europa, como destino final”, expresó a Prensa Libre Lakshmi Kumar, directora de políticas públicas de GFI y especialista en temas de tráfico de minerales, desde la capital estadounidense.
Por otro lado, “los problemas de corrupción sistémica en Guatemala también han afectado a la industria minera en términos de cómo se otorgan los contratos y el incumplimiento de normas ambientales, mientras se ignoran los derechos de las comunidades”.
La ruta del jade
Los resultados de la investigación apuntan a que en Guatemala hay indicios de blanqueo de dinero proveniente del jade y Kumar precisó que hay una intersección entre los grupos criminales con las organizaciones del tráfico de drogas y con los políticos locales.
Guatemala cuenta con tres tipos de jade, pero el más buscado y apetecido en el mercado es el negro, que solo existe aquí y en China, pero las autoridades no cuentan con un inventario específico sobre este mineral, mientras los grupos de contrabandistas buscan las maneras de evitar a los reguladores mineros en los puertos de la costa caribeña para embarcarlo y trasladarlo a sus compradores. Especialmente, el jade que se explota en Morales, Izabal.
“Las ganancias que se obtienen se canalizan para apoyar a cárteles de la droga y, en el caso de los políticos, generalmente se utilizan para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de bienes raíces”, resaltó.
Sobre quiénes podrían participar en la cadena, Kumar declaró que hay una variedad de actores y esto puede cambiar según el tipo de mineral y de extracción; ello influye a su vez en el enfoque de los esfuerzos regulatorios.
Marvín Flores, analista de Acción Ciudadana (AC) aseguró que sobre todo en el caso del jade, existe una sobreexplotación en la cuenca del río Motagua, que no está legalizada.
Al relacionarlo con el lavado de dinero, explicó que la actividad está estrechamente vinculada y normalmente, se blanquea el dinero en la región, tal como lo afirma el análisis del GFI. Esta puede relacionada con los “paraísos fiscales”, ya que las estructuras criminales necesitan comercializar el jade negro, pero a la vez lavar dólares, por lo que “se convierte en un montón de dinero”.
El caso del oro
En cuanto al oro, el informe indica que las estructuras que operan en Guatemala forman parte de las rutas del tráfico de minerales en Centroamérica y este metal precioso sigue siendo un problema significativo, tanto por origen, como por tránsito, pero no es el único: por ejemplo, Panamá es un punto de tránsito para el oro proveniente de Colombia, mientras que Guatemala es la entrada para manejar el oro que sale de Belice. Nicaragua es otro punto de tránsito para el oro de origen ilegal extraído en Costa Rica.
Y agregó que el oro no es el único metal vulnerable al lavado de activos, corrupción y otros delitos financieros y, mediante el uso de otros metales como el níquel, se continúan infringiendo los derechos de propiedad de las comunidades que habitan en zonas mineras.
“Esto, porque el oro sigue siendo uno de los metales de mayor interés para las organizaciones criminales, por su valor en el mercado mundial y hay operadores en el país que trasiegan todo lo que pueden, para obtener jugosas ganancias”.
Kumar describió que en general, con el oro o los diamantes hay un componente de minería artesanal y la atención se centra en los propios mineros a pequeña escala. Sin embargo, la cadena de suministro incluye intermediarios que compran minerales extraídos artesanalmente, contrabandistas, otros negocios que brindan servicios logísticos, de transporte, equipos, etc.
La investigación arrojó que existe toda una cadena de actores hasta el punto de exportación, que juegan distintos roles y niveles de involucramiento para facilitar las actividades ilícitas y existe una distribución de responsabilidad entre los distintos puntos de presión en la cadena de suministro.
Procesos inconclusos
Para combatir este problema en Guatemala, Kumar recalcó que el primer paso es encontrar una manera de trabajar con el gobierno para asegurar que la sociedad civil tenga una ‘’silla en la mesa’’ en los espacios de decisión.
Recordó que varios países centroamericanos la han iniciado, pero luego se estancan los procesos, como ha ocurrido con la Asociación de Contratación Abierta (OCP, en inglés) y la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractivas (EITI, en inglés). Guatemala fue parte del proceso de la EITI, pero recientemente se consideró que no ha avanzado lo suficiente y se necesitan mejoras en una serie de criterios. “Es importante subrayar este compromiso con EITI y redoblar esfuerzos”, concluyó la especialista.
En conclusión, el tráfico de minerales, que incluye el comercio ilícito de piedras preciosas y metales, ha sido, durante décadas, altamente vulnerable a los riesgos del lavado de activos, corrupción, violencia, y conflictos civiles y militares, sin que se vea una mejora en el corto plazo.
La respuesta del MEM
Al consultar al Ministerio de Energía y Minas (MEM), específicamente sobre los controles para evitar el contrabando de jade en el Motagua, Sierra de las Minas e Izabal, esto fue lo que respondió:
