Según Calas, el 72% de la población en ese lugar es indígena.
De octubre del 2015 a abril del 2016, la Corte de Constitucionalidad ha confirmado la suspensión de 10 licencias mineras de exploración y acciones pendientes contra tres de explotación, indicó Rafael Maldonado, asesor jurídico de Calas.
Para Maldonado, el MEM viola los derechos humanos fundamentales de la población.
El ministerio señaló que si debido al edicto hay oposición al proyecto, “los interesados deben presentarse al MEM, manifestar por escrito los motivos de su postura, y la Dirección General de Minería conferirá audiencia a las partes y resolverá”.
