En marzo, la industria farmacéutica inició una acción judicial contra la ley de patentes del gobierno de Sudafrica que permitía la copia o la importación de medicinas contra el Sida de otras fuentes más baratas, pero sin licencia.

El precio del tratamiento con la medicina antiretroviral patentada y fabricada en Europa o EE.UU. era de US$10 mil. Con importaciones paralelas de India o Brasil, que producían para su población fuera de patente, el costo podía ser tan bajo como US$ 350.

Hubo gran escándalo internacional, porque en Africa sub-sahariana ya habían muerto 17 millones de personas por Sida y hay 26 millones infectados.

En abril las 42 empresas farmacéuticas retiraron la demanda y ofrecieron su tratamiento a precios mas accesibles.

Luego vino el turno de Brasil. EE.UU. denunció en la Organización Mundial del Comercio, OMC, la Ley de Patentes de Brasil que permite la fabricación genérica de medicinas patentadas contra el Sida, por razones de emergencia sanitaria y nacional. Brasil no cedió y al final EE.UU. retiró el caso.

Las reacciones

Los usos alevosos del correo para contaminar con Carbunco causan compras frenéticas de medicinas contra esa enfermedad. La más demandada es ciproflaxin, patentada por Bayer y vendida como Cipro, a US$4.67 los 500 miligramos.

El Gobierno de Canadá, donde no ha habido víctimas, consideró su aprehensión como motivo suficiente para desconocer la patente de Bayer y autorizar su copia a la empresa canadiense Apotex por la mitad del precio.

El Gobierno de EE.UU. ha resistido fuertes presiones para ignorar la patente y permitir la compra de versiones genéricas.

Su decisión ha sido facilitada por Bayer, que aumentará su producción hasta 200 millones de tabletas y bajará su precio a US$0.95. El gobierno estadounidense desea poder tratar 12 millones de personas. Hasta ahora, hay tres víctimas mortales y siete bajo tratamiento.

La decisión canadiense es un precedente sobre el umbral de aprehensión necesario para decidir la dispensa de patentes obligatorias por emergencia sanitaria.

Esto sucede cuando los países en desarrollo pedirán en la próxima Conferencia Ministerial de la OMC una declaración sobre ?ADPIC y salud pública? que liberalice la interpretación del derecho a conceder licencias o realizar importaciones paralelas cuando hay amenaza a la salud pública.