4 protestas en 12 días, 3 con desenlace violento: ¿Por qué se ha incrementado la conflictividad en el país?

Cuatro tipos de manifestaciones con diferentes desenlaces se han registrado en las últimas dos semanas en la ciudad de Guatemala, Jutiapa y en El Estor, Izabal.

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Por más de 15 días grupos de comunitarios bloquearon un tramo carretero en El Estoy exigiendo que se les tome en cuenta para la preconsulta por la minera Fénix. La PNC intentó por dos días desalojarlos, después de varias horas de enfrentamiento quedó abierto el paso. (Foto, Prensa Libre: PNC).
Por más de 15 días grupos de comunitarios bloquearon un tramo carretero en El Estoy exigiendo que se les tome en cuenta para la preconsulta por la minera Fénix. La PNC intentó por dos días desalojarlos, después de varias horas de enfrentamiento quedó abierto el paso. (Foto, Prensa Libre: PNC).

Las recurrentes protestas y bloqueos en carreteras, cada vez de más duración, son un síntoma del incremento de la conflictividad social, consideran analistas consultados, quienes refieren que el Estado no ha sido capaz de resolverlos.

Ayer, en El Estor, Izabal, se cumplían 20 días de bloqueos de una carretera que conduce hacia un campo minero. La Policía Nacional Civil (PNC) liberó el paso después de un enfrentamiento violento que se extendió desde el primer intento el viernes.

Días antes, habían sido supuestos veteranos militares los que protagonizaron dos días de bloqueos en carreteras y, además, quemaron oficinas y vehículos en el Congreso, exigiendo el pago del Q120 mil por servicios prestados durante el conflicto armado interno.

También esta semana, en Jutiapa, un grupo de pobladores de una aldea de Quesada, bloquearon la ruta hacia la frontera con El Salvador, en demanda de la reparación de la carretera.

Mientras que, el 12 de octubre, manifestantes causaron destrozos en monumentos de la Avenida de La Reforma.

Institucionalidad débil 

Miguel Ángel Balcárcel, quien fue comisionado presidencial de  diálogo, dijo que en vez de fortalecer la capacidad del Estado para atender la resolución de descontentos, ha sido debilitada.

Por ejemplo, dijo, a mediados del año pasado el Gobierno cerró la Secretaría de la Paz (Sepaz), la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos (Copredeh) y Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), y creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.

A criterio de Balcárcel, esa comisión no ha representado “un papel importante” para generar soluciones y reducir focos de conflictividad, mientras que la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) también ha sido debilitada, y como resultado se observa en cada manifestación a  las fuerzas de seguridad tratando de dialogar.

“Estamos en un momento de riesgo muy alto de conflictividad, porque a la situación se une el impacto de la pandemia, el encierro, la falta de empleo”, señaló Balcárcel.

David Casasola, analista de temas de seguridad en el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que la debilidad institucional también hace que no se tenga capacidad de dar respuestas contundentes y rápidas a las necesidades de la población, con lo cual el Estado pierde presencia, mientras otros grupos ganan terreno.

Balcárcel agregó que en muchos conflictos no se logra concertar el diálogo porque se ha perdido la confianza, ya que no se concretan respuestas a las problemáticas que aquejan a la población, y es cuando esta opta por manifestar o bloquear carreteras.

Piden ser tomados en cuenta en consulta

En El Estor, Izabal, se cumplió el sábado 23 de octubre, 20 días de bloqueo de una carretera que conduce hacia un campo minero, por parte de grupos de comunitarios, en tres días, hubo intentos de desalojos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), que utilizó más de 200 agentes y antimotines.

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Según el vocero de la PNC, Jorge Aguilar el tramo quedó liberado este sábado 23 de octubre alrededor de las 13 horas.

Por varias horas se produjo un enfrentamiento entre comunitarios y agentes de la policía cuando estos trataron de desalojarlos. Manifestantes reportaron heridos por el uso de la fuerza y bombas lacrimógenas para dispersarlos y bloqueo a la labor algunos medios de comunicación.

En tanto el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, respondió que habían unos 200 agentes en el lugar y entre los dos días se reportó de forma preliminar 15 policías heridos, de ellos tres el sábado por arma de fuego, posteriormente se actualizó el dato y subió a cuatro.

Después de varios días de intento de diálogo, se usaron medios disuasivos y no letales para avanzar, pero al ser enfrentados por las personas debieron usar bombas lacrimógenas, añadió.

Los comunitarios exigen ser tomados en cuenta por la licencia del proyecto minero y argumentan que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y otras entidades les han negado su incorporación.

Las Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió desde el 2019 la suspensión de las operaciones de la mina y ordenó en el 2021 que se realice la consulta comunitaria en el área de influencia del proyecto.

El sábado la PDH emitió un boletín pidiendo al presidente, Alejandro Giammattei y al MEM que cumplan con la sentencia de la CC que ordena dicha consulta, entre otras recomendaciones y evita el uso de la fuerza excesiva.

Posteriormente el Gobierno emitió un comunicado respecto a lo sucedido en El Estor, en el cual critica la postura de la PDH, se refiere a actos violentos que se han generado en el lugar, y asegura y que la licencia minera mencionada está suspendida desde febrero, pero expone que otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución referida, por lo que en la actualidad su operación está vigente y se considera apegada a la ley.

Los exmilitares

Por aparte, supuestos veteranos militares efectuaron la semana pasada y la actual, manifestaciones que conllevaron amenazas, bloqueos de calles y carreteras en diversos puntos del país por varios días y cuyo punto crítico sucedió el 19 de octubre cuando un grupo irrumpió en el edificio del Congreso y quemó vehículos y oficinas, además de agredir a ocho periodistas.

Los exmilitares piden que se les apruebe un bono por Q120 mil a cada uno por sus servicios durante el conflicto armado interno. Se estima que podrían ser hasta 95 mil veteranos.

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Más bloqueos y daños a monumentos

A inicios de esta semana, en la aldea El Amatón, Quezada, Jutiapa, hubo varios días de bloqueos de la ruta que conduce a la frontera con El Salvador por parte de pobladores que reclaman la reparación de la misma.

Mientras que el 12 de octubre pasado que se celebró el Día de la Hispanidad, un grupo de supuestos manifestantes intentaron botar dos monumentos en la capital, uno a Cristóbal Colón, y también al del expresidente José María Reina Barrios.

Críticas a actuación policial

Respecto del desalojo de manifestantes en El Estor, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, opinó que hubo exceso de personal policial, muy distinto a la poca presencia durante la manifestación de supuestos veteranos militares en el Congreso.

Rodas dijo que le pareció “extraña” la gran movilización hacia El Estor para resguardar vehículos del proyecto minero, mientras la población se siente en un estado de indefensión frente a la delincuencia.

La Convergencia por los Derechos Humanos también criticó el uso “desproporcional y abusivo de las fuerzas del orden en contra del pueblo q’ueqchí”.

Al respecto, Aguilar expresó que tanto en el Congreso como en El Estor se actuó conforme a los protocolos, que incluyen primero el diálogo con agentes de uniforme gris, quienes no portan armas. De haber agresiones, se procede a usar unidades de reserva con escudos para proteger a esos agentes y hacer retroceder al grupo.

Expuso que en todos los casos se privilegia la vida, y que en el Congreso las acciones de los manifestantes fueron más rápidas y en una zona donde confluyen muchos trabajadores, mientras que en El Estor ya se contaban varios días de bloqueos y de diálogo.

En busca de diálogo  

Ana Luisa Olmedo, vocera de la CPD, explicó que la entidad busca constantemente el diálogo en los diferentes conflictos que se detectan, pero que no solo depende de ellos, sino de que los grupos estén dispuestos a dialogar. En otros casos, la comisión finaliza su labor y estos pasan a otras entidades, para que ejecuten las soluciones.

Con los grupos de supuestos exmilitares se tuvieron 180 mesas de diálogo y se generaron dos acuerdos, destacó. Mientras que en El Estor, Olmedo expuso  que a los pocos días de iniciado el bloqueo, delegados de la CPD buscaron dialogar, pero los manifestantes dijeron que con el único que platicarían sería con el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

La CPD tiene en la actualidad 160 casos activos con mesas de diálogo instaladas en temas como disputas de terrenos, reordenamiento de la tierra incumplimiento de contratos, casos agrarios, de energía eléctrica, de reinstalaciones y pagos de salarios, carreteras, disputa de derechos y certeza jurídica, falta de agua. En otros casos se desactivan las mesas cuando son judicializados, agregó.

Otras razones

Respecto a las exigencias de los exmilitares, Casasola señaló que el desbordamiento de sus exigencias puede deberse al ciclo presupuestario ya que el plan de gastos está en discusión y pueden considerar que es el momento para lograr que integren recursos para el bono para el 2022.

Coindice con Balcárcel respecto a que en el caso de las manifestaciones en El Estor, se refleja también la necesidad de que se regule la implementación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para las consultas comunitarias. Este último mencionó por ejemplo, que en países como Colombia, Ecuador, Perú y otros, existe el registro de autoridades ancestrales, aspecto que ha dado más certeza a la hora de integrarlos para procesos de preconsutla y consulta.

Posibles intereses políticos podrían reflejarse en algún caso de conflictividad, indicó Balcárcel, aunque no señaló alguno específico.