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Estado de sitio en Zacapa e Izabal: Gobierno refuerza operativos para combatir a grupos criminales

El Gobierno de Guatemala reforzó la presencia policial y militar en Zacapa e Izabal, departamentos bajo estado de sitio durante 30 días, tras una serie de ataques armados que han dejado una veintena de muertos.

El Ejército, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), despliega equipos marítimos en Puerto Barrios, Izabal. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

El Ejército, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), despliega equipos marítimos en Puerto Barrios, Izabal. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

El Gobierno de Guatemala reforzó este lunes 16 de noviembre la seguridad en los departamentos de Zacapa e Izabal, que se encuentran bajo estado de sitio desde el pasado 14 de noviembre debido al incremento de la violencia en la región.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, explicó en una rueda de prensa en Zacapa que el objetivo de los operativos es "garantizar la tranquilidad y la paz" de la población local para que pueda desarrollar sus actividades con "total" normalidad.

"El estado de sitio está pensado y programado para combatir a los grupos criminales. No va en contra de reprimir a la población honrada", dijo a periodistas.

Villeda estuvo acompañado durante su visita a Zacapa por el ministro de la Defensa, Henry Saenz, quien detalló que "ya hay puestos de registro" en lugares "estratégicos", así como patrullajes del Ejército guatemalteco.

El ministro de Gobernación recalcó que están "concentrando una enorme cantidad de recursos" para garantizar la seguridad en ambos departamentos.

El estado de sitio fue decretado por 30 días el sábado pasado por el Gobierno de Bernardo Arévalo, luego de que diversos ataques armados registrados desde finales de septiembre dejaran una veintena de muertos, incluido el diputado Julio César Portillo, acribillado en Zacapa el 6 de noviembre.

Hasta el momento, los atentados, incluido el de Portillo, no han sido esclarecidos por las autoridades y se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.

La medida implementada por el Gobierno suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación y de reunión, así como la exigencia de una orden judicial para efectuar detenciones y allanamientos, entre otras disposiciones.

Las autoridades locales y las agencias internacionales señalan que estructuras vinculadas al narcotráfico se disputan el control territorial y las rutas del transporte de drogas en los departamentos bajo estado de sitio.

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