Solo de los ataques se incautó un lanzagranadas y cinco granadas útiles, cinco fusiles de asalto con varias municiones útiles, cuatro pistolas calibre 9 milímetros, municiones y dos chalecos antibalas.

Esos elementos, más el lapso entre la incursión policial al Centro Juvenil de Privación de Libertad Etapa 2 y los ataques a la Policía, según analistas, también evidencian que cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) puedan haber asistido a integrantes de la mara Barrio 18, a quienes se les atribuyen los hechos.

De acuerdo con expertos, si la estrategia del Estado no es inmediata, contundente e integral, Guatemala podría acercarse a la situación que ha vivido El Salvador, donde pandilleros se enfrentan abiertamente contra el gobierno.

Clandestinidad

El Estado se enfrenta a un crecimiento exponencial de la capacidad logística y armamentística de las pandillas, opinó David Martínez-Amador, investigador asociado de la Red de Investigadores Insumisos Latinoamericanos.

Recordó que a lo largo del 2016 hubo varios decomisos de armas de uso militar que iban dirigidas a las pandillas.

“La otra situación, más grave y aterradora, es suponer que esta violentización de las pandillas es artificial, producida para fines políticos. Entonces, estaríamos hablando de una relación entre Ciacs y maras”, agregó Martínez-Amador.

Respecto de las capacidades del Barrio 18, Corinne Dedik, consultora del área de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), destacó que es una de las más poderosas, junto con la Mara Salvatrucha.

“Tienen cierto poder económico, y se evidencia a través de todo el armamento que se les ha incautado desde ayer, porque son de mucho valor, armas que no se compran así nomás. Pero también pueden infundir miedo a la sociedad, y eso los posiciona con cierto poder en el tema de las extorsiones, por ejemplo”, explicó la experta.

Investigar vínculos

La reacción que la pandilla tuvo de atacar a la PNC poco tiempo después de haber tomado el control de Etapa 2 es lo que más llama la atención, según Lizandro Acuña, investigador del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos.

“El Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación tienen que hacer los esfuerzos para llegar al fondo de qué vinculaciones puede haber de las pandillas con otras estructuras del crimen organizado que pueden colaborar en la adquisición de armas de fuego de alto poder, y estas son armas que las adquiere el crimen organizado”, indicó.

De acuerdo con Acuña, los Ciacs existen desde antes de la firma de los acuerdos de paz, y se organizaron para utilizar al Estado para protegerse y como objeto de impunidad.

“Lo fuerte contra estos Ciacs viene con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). No se descarta que esta reacción pueda estar vinculada con personajes relacionados con gobiernos; no solo de este, sino de anteriores”, destacó el especialista.

“Con la Cicig se han tocado gobiernos, los organismos, cúpulas, poderes, élites”, agregó.

Las instrucciones

“Después de informar de las instrucciones que había dado a varias instituciones, el presidente Jimmy Morales dijo ayer: A todas las fuerzas de seguridad el llamado de actuar con honor, sacrificio y con la esperanza de que nosotros, con todo lo que tenemos, incluida nuestra propia vida, tenemos que resguardar la vida e integridad de todos los guatemaltecos”.

“El Gabinete de Seguridad ha declarado una amenaza de alta intensidad en contra de los guatemaltecos y las fuerzas de seguridad”, enfatizó.