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En la última evaluación, el aeropuerto obtuvo 63 de 100 puntos y estuvo en riesgo de perder la categoría 1; es decir, la certificación como terminal internacional, ya que la nota mínima debe ser de 72.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) atendió las recomendaciones de Oaci y, según la entidad, si fueran evaluados estarían ahora sobre los 83 puntos, lo que garantiza la certificación.
Carlos Velásquez, director general de Aeronáutica Civil, explicó que la inversión ha sido de unos Q250 millones e incluye la reparación del aire acondicionado, servicios sanitarios, gradas eléctricas, iluminación y sistemas de navegación.
“Hemos implementado protocolos y nuevas medidas. Estamos en la compra de equipos de seguridad, ya que los que tenemos son del 2006 y no detectan la mayoría de explosivos”, afirmó Velásquez.
La Oaci constantemente envía notas a Guatemala como seguimiento a las deficiencias señaladas hace 19 meses, y en enero del 2018 evaluará los mismos aspectos y si hubo mejoras.
Discrepan
Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, coincide con la DGAC en el avance en las mejoras de algunos servicios, como el aire acondicionado y servicios sanitarios, pero no tuvieron acceso a todas las recomendaciones de la Oaci, por lo que ignoran qué otros detalles sancionó esta instancia.
“No ha mejorado a la altura de las aerolíneas, pero ha habido mejoras”, dijo Rodas.
El proyecto
Entérese
Con los cambios, el instituto sería el regulador de los aeropuertos y la aviación, tendría autonomía y gestionaría su propio
presupuesto. En la actualidad, la DGAC depende económica y administrativamente del Ministerio de Comunicaciones.
También se busca reconocer como delitos acciones que hasta ahora son tipificadas como faltas. Se pide que se sancione con cárcel a quienes operen vuelos sin autorización, alteren matrículas o utilicen aeronaves para actividades ilícitas.
Velásquez afirmó que la iniciativa tiene apoyo de la Oaci y es necesaria para hacer competitiva la actividad aérea en el país.
“En este momento se está por debajo de toda Centroamérica, pero con la propuesta estaríamos igual que México y EE. UU.”, dijo Velásquez.
La regulación vigente fue aprobada hace 17 años y desde entonces no se ha modificado, mientras otros países de la región han avanzado en normativas específicas y en mayor control.
