Norma Ramírez, fiscal adjunta de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público (MP), explicó que el 2016 recibieron el caso de un niño de 10 años que fue abusado sexualmente en una escuela primaria de la zona 7 capitalina.
 
Según los hechos, el niño fue abusado en el baño del establecimiento por varios adolescentes cuando fue al baño. La víctima contó que le vendaron los ojos y fue advertido que si denunciaba harían lo mismo con sus hermanas.  
 
Al comienzo de la pesquisa la directora se negó a colaborar, sin embargo, ante la presión del ente investigador, accedió.
La Fiscalía encontró en el sexto grado a estudiantes de 14 y 15 años, por esta razón el caso fue traslado a la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
 
El niño y sus hermanas fueron trasladados a otra escuela para evitar agresiones.
 
Desde el 2013, el Ministerio de Educación (Mineduc) con la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia  y el Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional para dar una respuesta sistémica y de largo plazo a los indicadores de violencia en los centros educativos.
 
La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, llevó a cabo una supervisión al ministerio y sus sedes departamentales para verificar las fortalezas y debilidades en la implementación del mencionado protocolo.
 
La supervisión determinó falta de coordinación entre la Dirección General de Coordinación (Digecor), y la  Dirección General de Gestión de Calidad Educativa para implementar acciones con base en los lineamientos para la socialización y entrega técnica del protocolo.
 
Según la Procuraduría, la Digecor reportó  de 2012 a octubre de 2016, 1 mil 201 denuncias de violencias cometidas en el ámbito escolar, puede ser entre estudiantes; maestros o directores hacia alumnos. Estas incluyen agresiones, acoso, hostigamiento, abuso y violencia sexual.
 
Ramírez comentó que en febrero de este año conocieron la denuncia de un niño de ocho años, quien fue abusado por uno de 10. Debido a que el MP no puede recibir estos casos, porque los menores de 13 años son inimputables, el caso fue enviado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y será el Juzgado de Niñez y Adolescencia la instancia que dar medidas de protección al menor agredido y al agresor.
 
La fiscal contó que el caso ocurrió en una casa donde viven varios inquilinos. El menor que vulneró la integridad sexual del otro fue abandonado por su mamá,  él y sus hermanos, viven con la abuela,  quien los deja al cuidado de una vecina, se investiga si él menor agresor ha sido víctima de un adulto.
 
En el mismo mes el MP supo de otro caso. Una niña de cinco años fue abusada por su primo de nueve.
 
Amalia Mazariegos, encargada de la Unidad de Atención a la Niñez y Adolescencia del Organismo Judicial (OJ), analizó que los responsables de las acciones de los niños menores de 13 años son los padres y quienes están a cargo de ellos.
 
Para el procurador de la Niñez de la PGN, Harold Flores, los procesos en menores de 13 años se resuelven por la vía administrativa o lo envía a un juzgado de niñez.