La Unaerc adjudicó el contrato a Sabiapharma, S.A., luego de que esta fuera  la única empresa que ofertó los servicios sin una licitación previa, ya que las autoridades de la institución utilizaron la figura de proveedor único y la compra se hizo por medio de una manifestación de interés. Así se evadió la competencia pública.

La suspicacia que recae sobre el concurso surge tras la captura de 11 personas, entre representantes de varias farmacéuticas y trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por parte del Ministerio Público (MP) y la Cicig,  por el caso de negociación ilícita de compra de medicamentos.
sin experiencia

Según documentos de Acción Ciudadana, a los que tuvo acceso Prensa Libre, todo apunta a que hubo algún tipo de injerencia de parte de la empresa para ser beneficiada con este contrato, debido a que la firma no cuenta con  experiencia en el campo de la hemodiálisis, ya que todo fue subcontratado y más aún para tratar a un grupo de pacientes de la costa sur.

Sin embargo, las autoridades de Unaerc aseguran que es solo el arrendamiento de equipo y que la unidad es la que se hace cargo de atender a los pacientes renales. 
Una de las irregularidades en el concurso es que la infraestructura y el equipo para servicio de hemodiálisis sí se pueden arrendar, no así los kits, pues son desechables.

Otra de las irregularidades que surgen es que la empresa no cuenta con oficinas propias, por lo que tuvo que alquilar el tercer piso del hospital privado Génesis, para que funcionara la sede de Unaerc en Escuintla. No obstante la directora de ese centro, Claudia del Cid, tiene en otro piso su clínica particular —corporación Men-Del—, empresa que en el 2013 tuvo un contrato por Q85 mil con Unaerc para prestar servicios técnicos de hemodiálisis en Escuintla.

Para el director de Unaerc, Douglas Guerrero, eso no riñe con la ética porque “ella solo trabaja medio tiempo”.
A pesar de que el servicio era por cuatro meses, el proyecto se prolongó porque se adquirieron 14 mil 40 kits de hemodiálisis, de ocho mil 640 que se necesitaban para atender a 180 personas durante ese tiempo, acción que fue cuestionada por la Contraloría General de Cuentas.

Más evidencias

El 24 de junio del 2015, la Unaerc adjudica por excepción a Sabiapharma el arrendamiento de infraestructura por Q531 mil 250, debido a la irregularidad detectada al comienzo; no incluyen los kits de hemodiálisis, pero sí los adquieren por compra directa siempre a Sabiapharma.

Otro de los detalles es que en el proceso de adjudicación la misma junta envió una carta  a Sabiapharma para que explicara  lo relacionado con la guía de habilitación, para centros de diálisis y/o hemodiálisis emitida por el Departamento de Regulación acreditación y Control de Establecimientos en Salud, del Ministerio de Salud.

El documento es clave para que la empresa pueda funcionar como prestadora de servicios de salud, no obstante la firma contestó que había entregado una declaración jurada en la que afirma que cuentan con todo lo que establece la guía —sin presentar el documento solicitado—. 

Sabiapharma fue constituida el 12 de septiembre del 2011, por César Ajcú Chacón y Edy Giovanni Alvarado Fuentes. El trámite lo hicieron ante la notaria Brenda Lissette Lambour Figueroa. Ambos aportaron un capital de Q10 mil —Q5 mil cada uno—; no obstante indicaron que el capital sería de Q100 mil.

No hubo presión

El director de Unaerc, insiste  en que no hubo presión o tráfico de influencias  para que le fuera adjudicado el concurso a la firma vinculada con Alejos.

“Aquí lo que recibimos fue la documentación del proceso. Lastimosamente se puede ver de esa forma —adjudicación a dedo— y eso nos tiene preocupados a nosotros, porque como personal operativo lo único que hacemos es estudiar los documentos”, afirmó Guerrero.

Resaltó   la necesidad que existe para atender a los enfermos renales, por lo que se gestiona un aumento en el presupuesto. En 2015 le fueron asignados Q200 millones, casi el doble del presupuesto del 2014, que llegó a Q110.3 millones.

Investigan

El ministro de Salud, Mariano Rayo, manifestó sobre la adjudicación a Sabiapharma, S.A., que muestra bastantes indicios de varios delitos, que van desde compras fraccionadas, conflictos de intereses, aprovisionamiento de dádivas y de favores a personas especificas desde Unaerc.

“El tema del costo es un tema complejo porque tenemos que estar muy claros cómo comparar peras con peras y manzanas con manzanas; a simple vista los servicios que presta la empresa muestran un precio superior a un precio normal de mercado”, refirió Rayo. 

Gustavo Alejos es vinculado por la Cicig con varias empresas que conformaron un grupo de colaboradores a lo interno del IGSS, quienes junto a otros externos  manejaban a su antojo las adquisiciones  con sobreprecio o mala calidad.

• Demanda de tratamiento renal

• El director de Unaerc, Douglas Guerrero, informó que la decisión de abrir una sede en Escuintla se debió a la sobredemanda que había en la capital para brindar el servicio de hemodiálisis.

• Según estadísticas  de la unidad, una gran cantidad de esos pacientes residen en ese departamento, por lo que se tomó la decisión de abrir y apoyar a esos pacientes no solo de Escuintla, sino de la costa sur.

• Datos proporcionados detallan que en el 2009 se atendían a 677 personas en promedio mensual; no obstante, en el 2015 se tiene un balance de mil 133 personas.

• La Unaerc reporta que para brindar una mejor atención y a un menor costo se firmaron convenios con la Fundación Amor, con lo que se pudo ampliar la cobertura, siempre con déficit.

Caso IGSS-Pisa: antecedente trágico

• El 20 de mayo pasado, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) capturaron a 17 personas, incluidas  integrantes de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS) y la junta de licitación.

• Entre los 17 aprehendidos se encuentra el ahora expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, quienes fueron  sindicados de haber aprobado y avalado el contrato irregular suscrito con la droguería PISA de Guatemala, S.A., para proporcionar servicios de diálisis peritoneal.

• A causa de ese contrato irregular han muerto 34 personas, debido a las complicaciones que suscitaron cuando les cambiaron el catéter de la empresa que les proveía el servicio con la nueva firma, al causarles  infecciones.

• Según las pesquisas, los funcionarios del IGSS y los directivos de la farmacéutica jugaron con la vida de las personas, dejando a varias familias desintegradas, niños  sin padre o madre, y padres sin sus hijos.

• Según la Cicig, se determinó que la empresa adjudicada  carecía de infraestructura real, de experiencia y de  recurso humano para prestar un servicio adecuado; subcontrata el mismo con otra empresa que prestaría los servicios.

• La directiva del IGSS designó una junta de licitación no idónea e inexperta, susceptible de ser manejada para favorecer a determinados proveedores.

• La investigación determinó que existió un interés de funcionarios públicos, que en base en un arreglo con personas afines a la empresa PISA se le beneficiara con la adjudicación del contrato valorado en más de Q116 millones.

• Por el momento la judicatura que lleva el caso ha permitido que los familiares de los fallecidos sean querellantes.