Los manifestantes afirman que son habitantes de los terrenos ubicados a la orilla de la vía férrea —actualmente en desuso— y que llegaron al Congreso con el propósito de buscar apoyo entre los congresistas para que les ayuden a legalizar los terrenos.
El plantón bloquea el tránsito para ser atendidos por legisladores, sin embargo la mayoría de diputados se encuentran participando de un seminario, en un hotel de la zona 10.
“Buscamos que se nos extienda un papel, una constancia que diga que somos propietarios de los terrenos que habitamos”, afirmó uno de los lideres, desde una tarima improvisada frente a la entrada al Congreso.
La protesta es dirigida por organizaciones integrantes del Movimiento Guatemalteco de Pobladores (MPG). Además de la legalización de los terrenos para las familias de escasos recursos que viven a orillas de la línea férrea manifiestan contra la Ley del Cemento.
Buscan legalizar sus tierras, dice representante a una 200 personas. La mayoría son mujeres con niños @prensa_libre pic.twitter.com/3ozhGelGqQ
— Claudia Acuña (@cacuna_pl) febrero 24, 2016
Luciano Colorado Alvarado, del MPG, afirmó que la petición es directa a la Comisión del Vivienda del Congreso para que en la brevedad se pueda agendar la reforma a la Ley del Cemento.
Explicó que cuando el Congreso aprobó esta ley, el saco de cemento valía entre tres o cuatro veces menos de lo que hoy vale, por lo que actualmente debería pagar más impuestos.
Agregó que le proponen a la Comisión que busque una iniciativa para gravar el hierro. “Estos recursos deben ir a un fondo para atender la demanda de la vivienda popular que en el país asciende a un millón 800 mil familias”, afirmó Colorado Alvarado.
El activista dijo: “Sí el Congreso aprueba esta iniciativa, el Estado tendría entre Q700 millones y Q1 mil millones cada año en recaudación para solventar el déficit habitacional, que cada año crece entre 40 mil 60 mil familias”.
Agregó que también piden que se busque una solución para que las personas de escasos recursos puedan tener acceso a un subsidio para una vivienda digna.
“Las familias que viven en la línea férrea llevan 40 años sin tener una respuesta. No hay un censo exacto, pero calculamos que hay entre 60 mil y 75 mil familias que están desde Tacún Umán, San Marcos, hasta Puerto Barrios, Izabal”, dijo uno de los dirigentes.
Complica tránsito
La manifestación afecta la circulación en las áreas aledañas al Congreso debido a que las personas cerraron el paso frente a la entrada del Palacio Legislativo.
Agentes Municipales de Tránsito llegaron al lugar y realizan el desvío del tránsito por calles aledañas para evitar más embotellamientos.
Piden a los conductores que tomen en cuenta este bloqueo y utilicen rutas alternas para evitar quedar parados entre el congestionamiento vial.
