El proyecto estuvo en construcción desde agosto del 2014 hasta abril del 2019, a cargo de la empresa Constructora Nacional, S.A (Conasa).
Fue habilitado e inaugurado durante el gobierno de Jimmy Morales, quien lo presumió como una “megaobra”; sin embargo, no ha sido recibido oficialmente por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
La empresa ha señalado en otras ocasiones que se han presentado varias solicitudes de recepción a la Dirección General de Caminos, sin embargo, no hay claridad en el porqué la entidad no concluye el proceso.
Cuando la obra fue finalizada, la Fiscalía contra la Corrupción abrió una investigación en la que fueron señaladas 22 personas por delitos relacionados con fraude, lavado de dinero y estafa propia. El año pasado fueron enviados a juicio por el Juzgado de Mayor Riesgo C.
El ministro de Comunicaciones que fungía en ese tiempo, José Luis Benito, también es investigado por el delito de fraude. Incluso se emitió una orden de captura en su contra en dicho caso, en enero del año pasado se entregó a la justicia.
Sin embargo, el 15 de julio, el juzgado de Mayor Riesgo D, benefició al exministro con libertad y una fianza de Q1 millón por el caso. El expresidente Morales no ha sido vinculado a la investigación, ya que con los indicios que posee la Fiscalía no existe ningún vínculo.
Se estima que la obra costó cerca de Q542 millones, aunque Conasa asegura que fueron Q396 millones.
La semana pasada se registraron nuevos colapsos del muro en el Libramiento de Chimaltenango entre los kilómetros del 58 al 61. En uno de los derrumbes más recientes ocurrido en el kilómetro 61.3, el concreto y tierra cubrió los tres carriles hacia el Occidente, por lo que se habilitó un carril reversible en el tramo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó recientemente que el carril reversible estará habilitado hasta que los trabajos requeridos sean realizados, es decir, que los carriles en dirección al Occidente seguirán bloqueados. Este año, en abril incluso se registró un deslizamiento en época seca que fue catalogado por las autoridades como “de grandes proporciones” el cual inhabilitó todos carriles en un primer momento.
Desde 2019 que la obra finalizó, ha sido motivo de críticas pues cuando llega la temporada de lluvias, con la acumulación de humedad se presentan nuevos derrumbes en la obra. Para la segunda quincena de julio, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) pronosticó el paso de ondas del Este que provocarían precipitaciones en el país hasta la última semana de julio. Razón por la que el 29 de julio, la empresa constructora publicó un comunicado alertando a los usuarios del tramo carretero a conducir con precaución debido a grietas en el muro a la altura del kilómetro 60.5 así como el 62. Conasa aseguró que ambos casos fueron incluidos en el estudio geofísico que fue entregado a la Dirección General de Caminos. Estos nuevos derrumbes, hasta el lunes 7 de agosto pasado, en algunos tramos entre los cuatro kilómetros mencionados, pedazos de escombros del concreto y tierra se habían desprendido o estaban por desprenderse. En septiembre del año pasado, Conasa refirió que hasta esa fecha se habían pagado más de Q20 millones en trabajos de reparación del área, luego de finalizar la construcción. Mientras tanto, los 50 mil de vehículos diarios que circulan por el área, según el dato de Conasa, siguen siendo afectados constantemente por los deslizamientos recurrentes. Aunque en 2019 las autoridades de tránsito del área referían que eran 225 mil automotores
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El departamento técnico de la constructora explicó que en reiteras ocasiones se ha informado a Caminos sobre la necesidad de la reparación de los taludes del kilómetro 61 para lo que se deben derribar, sin embargo, para este procedimiento se requiere de más terreno para efectuar la obra. “El abatimiento de los taludes en los kilómetros 61.060 y 61.190 con dirección al Occidente del país un trabajo que debe realizarse para solucionar la problemática en el lugar, y que se concreta con la compra del derecho de vía por parte de la institucionalidad competente”, refirió Conasa. El Reglamento sobre el derecho de vía de los caminos públicos y su relación con los predios que atraviesan, se estipula que ante la necesidad de reparar en los caminos ya existentes y se tenga que afectar la propiedad privada se debe de adquirir la extensión territorial correspondiente. “Se procederá a adquirir la extensión necesaria, ya sea por donación, que de ella haga el dueño, por compensación con el tramo de camino que se abandone, por venta o por expropiación forzosa, siguiéndose en cada caso los trámites o procedimientos que marcan las leyes”, se lee en el artículo 7 del reglamento. Conasa insistió en que los estudios correspondientes fueron realizados en 2019 y ese mismo año se hicieron llegar a Caminos para que fuera del conocimiento de las autoridades los riesgos de la obra. “De esa cuenta desde diciembre de 2019, se entregaron a la Dirección General de Caminos de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los estudios Geológicos, Geotécnicos y de Amenaza Sísmica, los cuales plasman la necesidad que existe de estabilizar los taludes en donde se han presentado los eventos”, aclararon. Los cuestionamientos sobre la adquisición del derecho de vía y la recepción del producto fueron trasladadas al departamento de comunicación de la cartera, pero, luego de varios intentos, estos no fueron aclarados.
