Édgar Pérez, querellante adhesivo en los procesos que se llevan por las masacres ocurridas en el parcelamiento Dos Erres y la aldea Los Josefinos, Petén; en Panzós, Alta Verapaz; en el del destacamento militar en Rabinal, Baja Verapaz; y la desaparición forzada del ex guerrillero Efraín Bámaca, ocurrida en Retalhuleu, dijo que deberán iniciarse las investigaciones en el 2011, ya que se reabrirán esos casos.

Período de terror

La mayoría de masacres se perpetraron entre 1978 y 1982, cuando gobernaban el país los generales Fernando Romeo Lucas García, José Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores.

El informe presentado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico afirma que en ese período se cometieron crímenes de trascendencia internacional, de los cuales existe una serie de procesos legales contra oficiales militares, por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales contra mujeres, entre otros.

“La guerra interna, que empezó en 1960 y terminó en 1996, dejó más de 200 mil muertos o desaparecidos”, asevera un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual resalta que el 93 por ciento de las masacres fueron ejecutas por el Ejército.

Mayor seguridad

Pérez explicó que el objetivo del traslado de los casos es evitar que no se obstaculicen las investigaciones y que se proteja a las víctimas, los victimarios, así como a los operadores de justicia, ya que en la capital hay mejores condiciones de logísticas que en los juzgados de la provincia.

Al ser traslados al Juzgado Primero de Alto Riesgo existe menor riesgo para los juzgadores, insistió. “Un juez en la provincia no tiene seguridad, menos un carro blindado, por ello es necesario que los casos se juzguen en la capital”, expuso Pérez.

Agregó que en algunos procesos testigos aún conviven con victimarios, lo cual dificulta que declaren en su contra.

Riesgo latente

La petición del traslado de los procesos de la provincia a la capital es competencia del MP, por ello se evaluó cada uno y se constató que existe riesgo de que se obstruya la investigación, comentó el presidente de la Cámara Penal, César Barrientos.

“Creo que el Estado de Guatemala busca garantizar la justicia en cada caso, y se busca que sea eficiente y se respete el debido proceso”, enfatizó Barrientos.

El único caso que avanzó en el 2010 es el de Dos Erres, ya que tres de los capturados fueron enviados a juicio.

El debate está programado para que empiece el 25 de julio del 2011, debido a que la agenda del Tribunal Primero de Alto Riesgo está saturada.

Buscan justicia

Aura Elena Farfán, presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, manifestó que ven con optimismo que los procesos sean trasladados a la capital, ya que se demuestra buena voluntad de la CSJ para que se logre justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

“Considero muy esperanzador que pueda aplicarse la justicia. Lo que buscamos es la verdad de lo que sucedió con esas muertes y se encuentre a los responsables materiales e intelectuales”, expresó.

Añadió: “No vamos a descansar hasta lograr justicia, ya que cada una de las muertes no deben quedar en la impunidad”.

Recordó que en el 2010, Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez, agentes del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional en 1984, fueron condenados a 40 años por el Tribunal Octavo, por la desaparición forzada del líder estudiantil Fernando García, ocurrida el 18 de febrero de ese año.