José Dávila, analista electoral, indica que el proceso electoral está ensombrecido por el estallido de una crisis nacional por escándalos de corrupción y la evidencia de que el sistema político “está desfasado”.

Comienza la crisis

El descontento ciudadano se desencadenó tras conocerse la existencia de estructuras de corrupción incrustadas en el Estado. El 16 de abril último, la Cicig y el MP pusieron al descubierto la red de defraudación La Línea que supuestamente era dirigida por Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria.

La reacción ciudadana se hizo sentir con multitudinarias concentraciones en la Plaza de la Constitución, en la que se exigía la renuncia de Pérez Molina y Baldetti. La dimisión de la vicemandataria ocurrió el 8 de mayo, pero la situación se complicó para el mandatario cuando la Cicig y el MP revelaron el 22 de mayo el contrato fraudulento entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa, que a la fecha ha costado la vida de 26 pacientes renales. En ese caso se vio vinculado Juan de Dios Rodríguez, ex secretario privado de Pérez Molina. El 9 de julio, el Gobierno volvió a sacudirse con la captura de Gustavo Martínez, ex secretario general del gobernante.

Esas capturas impactaron en las perspectivas electorales del Partido Patriota, que desde abril se vio afectado por la renuncia de su presidenciable, Alejandro Sinibaldi, y su sustitución por Mario David García.

Las investigaciones también tocaron al partido Libertad Democrática Renovada (Líder), con la petición de antejuicio contra su vicepresidenciable Édgar Barquín y otros seis diputados.

La Cicig también dijo que un alto porcentaje del financiamiento de los partidos proviene de fuentes oscuras, entre ellas el crimen organizado.

Incertidumbre

Al clima enrarecido por las denuncias contra políticos se agregó la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que rechazó la inscripción de Zury Ríos como presidenciable, y de Alfonso Portillo como aspirante a diputado. La candidata de Viva fue inscrita, luego de que la Corte Suprema de Justicia la amparara, pero el TSE apeló ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que revoque esa resolución.

A 36 días de las elecciones también hay otro caso incierto: el TSE le dijo “no” por segunda vez a Portillo, aunque este aún puede accionar ante la CSJ y la CC.

La situación de Barquín y de seis candidatos a diputados por Líder también está pendiente de resolución, ya que la CSJ todavía no conoce esos casos. Si el vicepresidenciable de Líder perdiera la inmunidad, el TSE podría aplicar el artículo 113 constitucional sobre idoneidad y honradez, con lo cual Líder se quedaría sin binomio presidencial.

Exigencias

Desde que se destaparon los casos de corrupción y durante 14 sábados, los guatemaltecos han acudido a la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia de funcionarios y reformas a la Ley Electoral. Esas demandas han logrado que en el Congreso se apruebe en primera lectura una iniciativa de reforma de la normativa electoral.

Según Dávila, si los diputados hacen cambios superficiales en la ley electoral, “las elecciones no se darán en el mejor ambiente y eso va a restar legitimidad a las próximas autoridades”.

Dávila cree que el abstencionismo podría incrementarse en los comicios del 6 de septiembre próximo.

Andrea Morales, politóloga de la Universidad Rafael Landívar, aseguró que el proceso electoral es “histórico”, pues nunca se había registrado una crisis tan fuerte que opacara los comicios. “Se ve la disminución del trabajo de los partidos en las campañas porque atienden denuncias de corrupción”, afirmó.

Panorama

Jorge Wong, politólogo de la Universidad de San Carlos, expresó que los políticos cometerían un error si no dan la importancia necesaria a las peticiones de la ciudadanía de cambios. “Esas exigencias no son negociables”, aseguró.

El sociólogo Edmundo Urrutia dijo que el proceso electoral tiene un panorama difícil de predecir, porque se presenta con incertidumbre y desconfianza ciudadana.

Casos de corrupción fueron detonantes

El 16 de abril de este año, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) desarticularon una red de defraudación aduanera denominada La Línea, cuyo cabecilla era Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
La funcionaria renunció a su cargo la noche del 8 de mayo, luego de protestas masivas y la petición del Comité Coordinador
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

El mismo día de la renuncia de Baldetti, la Cicig y el MP evidenciaron la existencia de la estructura denominada Bufete de la Impunidad, integrada por abogados que utilizaban sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para favorecer a usuarios a cambio de dinero.

En este caso se solicitó antejuicio contra la jueza Marta Sierra de Stalling, quien otorgó fianza a los cabecillas de La Línea. Roberto Stalling, hijo de la jueza y sobrino de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, se entregó días después por el mismo caso.

El 20 de mayo se capturó a miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), aunque el presidente, Juan de Dios Rodríguez, fue detenido un día después, al ser dado de alta de un hospital privado. También fue apresado Otto Fernando Molina Stalling, sobrino de la jueza e hijo de la magistrada.

Las detenciones ocurrieron porque el IGSS adjudicó, de manera irregular, un contrato de Q116 millones a la Droguería Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal. Pisa habría pagado entre 15% y 16% de comisión.

El 9 de julio, fue capturado Gustavo Martínez, ex secretario general de la Presidencia y yerno del gobernante Otto Pérez Molina, por supuestamente haber favorecido a las empresas Jaguar Energy y Zeta Gas, aprovechándose de su posición.

El 15 de julio, la Cicig y el MP pidieron antejuicio contra Édgar Barquín, vicepresidenciable de Libertad Democrática Renovada (Líder), además de los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez, por integrar una red de lavado de dinero.
También tienen solicitud de antejuicio los diputados Baudilio Hichos, Mirza Arreaga, Luis Chávez y Mario Yanes, de Líder, y Pedro Muadi, expulsado de Creo-Unionista.

Implicación de funcionarios en hechos ilícitos aviva malestar entre la población

• Juan Carlos Monzón Prófugo Ex secretario privado de Vicepresidencia. Ausado de asociación ilícita. Sería el cabecilla de La Línea.
• Álvaro Omar Franco Está en prisión. Jefe de la SAT al momento de su detención. Se le acusa de asociación ilícita. Caso La Línea.
• Carlos Enrique Muñoz Está en prisión. Era jefe de la SAT cuando fue detenido, acusado de asociación ilícita en el caso La Línea.
• Juan de Dios Rodríguez en prisión. Presidente del IGSS cuando fue detenido por caso IGSS-Pisa, acusado de fraude.
• Julio Roberto Suárez en prisión. Presidente del Banguat al ser capturado. Señalado de fraude en el caso IGSS-Pisa.
• Gustavo Martínez está en prisión. Exsecretario de la Presidencia. Asociación ilícita y tráfico de influencias en caso Redes.
• Édgar Baltazar Barquín Candidato a la Vicepresidencia por Líder, tiene una solicitud de antejuicio señalado de proteger a implicados en lavado.
• Roxana baldetti exvicepresidenta, Renuncia el 8 de mayo tras protestas  por la revelación de la estructura La Línea, el 16 de abril.
• Baudilio Hichos Díputado de Líder, en trámite antejuicio en su contra por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
• Mario Yanes Diputado de Líder, solicitud de antejuicio en su contra por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
• Mirza Arreaga diputada de Líder, Solicitud de antejuicio en su contra por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
• Luis Chávez diputado de Líder, solicitud de antejuicio en su contra por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
• Pedro Muadi expresidente del Congreso, en trámite antejuicio en su contra por peculado, asociación ilícita y sustracción.
• Manuel Barquín diputado de Líder. Hermano de Édgar Barquín,  solicitud de antejuicio por asociación ilícita y tráfico de influencias.
• Jaime Martínez Lohayza, candidato a diputado por Líder,  solicitud de antejuicio por asociación ilícita y tráfico de influencias.
• Otto Pérez Molina , solicitud de antejuicio se encuentra en el Congreso, aún pendiente de discusión.