El grupo se instaló en ese lugar luego de haber sido desalojado el 23 de agosto último, con una orden judicial, de un área protegida de la Biosfera Maya en Petén. Sin embargo, organizaciones civiles señalaron exceso de uso de la fuerza.
Urízar rechazó la denuncia y sostuvo que “no ha habido ningún problema porque —ingresar en territorio mexicano— sería alterar las buenas relaciones que se tienen con México”.
Pidió que si las organizaciones civiles tienen pruebas del ingreso de soldados en el campamento de refugiados, que las presenten a los organismos correspondientes.
Explicó que los 15 soldados que se quedaron en el área protegida luego de que los pobladores fueron desalojados tienen instrucciones precisas de no tener contacto con la gente y limitarse a apoyar en materia de seguridad al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
