Personal de la División Especial de Investigaciones Criminales de la PNC indicaron que acudieron al lugar para identificar la empresa y se determinó que está registrada en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), a cargo del Ministerio de Gobernación, así como las armas largas que utilizan, que según los investigadores, son de uso civil por el tipo de munición que utilizan.
A pesar de que hasta ahora los informes policiales revelan que todo estaría en orden, los investigadores dicen que no es normal que una empresa actúe de esa forma, y con base en la información recabada enviaron un informe al Ministerio Público (MP) para que continúe las investigaciones.
Los hechos ocurrieron el 9 de octubre, cuando los manifestantes exigían la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Freddy Orellana, los sujetos los habrían amenazado con las armas en mano, por lo que estos decidieron dispersarse para resguardar su vida.
“Podrían ser investigados o procesados por amenazas. Sin embargo, sabemos que nadie puso una denuncia, ni en el MP ni en la Comisaría 13; entonces, será difícil que avance una investigación”, afirmó un agente investigador policial.
En redes sociales se ha publicado la supuesta identidad de quienes portaban armas largas y se cubrían el rostro con gorros pasamontaña. No obstante, parte de la investigación, según la PNC, es perfilar bien quiénes son los que profirieron amenazas y si tienen relación con otros ilícitos.
Carlos Quino, director de la empresa Táctica y Seguridad, dice que si bien son armas largas las que se observan en las fotografías, son permitidas, porque son calibre 22 y 9 milímetros, y una escopeta con plataforma de carabina.
“En una situación normal, o en los jaripeos, sí hay ostentación, pero acá no creo, porque están dentro de una propiedad privada y están defendiendo esas instalaciones , y si se cubrieron el rostro posiblemente fue por seguridad para evitar represalias”, indicó.
Respuesta
Ciudad Cayalá también emitió en las últimas horas un comunicado en donde afirma que el grupo armado correspondía a un “equipo de seguridad privada”.
Las razones que dio la entidad sobre la instalación del equipo de seguridad fueron por “amenazas de los manifestantes en el lugar y de varias denuncias hechas a las autoridades”.
“Reiteramos que la prioridad de Ciudad Cayalá es salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad de todas las personas que viven, visiten y trabajen en sus instalaciones” indica la entidad en su comunicado.
También señala que los equipos de seguridad “están debidamente regulados como confirman las autoridades, su presencia responde la único propósito de prevenir disturbios y daños a la propiedad privada”.
También se pronunciaron sobre los bloqueos en Guatemala, en donde afirmaron que en algunos lugares se ha pasado de “una manifestación pacífica a actos de violencia”.
