“Me fui a Estados Unidos pensando que iba a mejorar mi economía, pero más bien me salió al revés. Todo lo que trabajé allá se perdió. (...) Cuando me fui no estaba esta carretera. La que va a San Juan tenía solo algunos tramos arreglados y otros estaban muy malos, sobre todo en las cuestas. Ahora hay partes muy buenas para bajar a San Juan. Antes era más difícil porque se tardaba una hora para bajar caminando”.

Don José confirma al equipo de Guatevisión que viajó a Camotán, Chiquimula, que una de las carreteras del programa público Rutas para el Desarrollo les ha facilitado la vida. Puntualmente, la que conduce a San Juan La Ermita. 

El gobernador de Chiquimula, Luis Alberto Compá, confirma que “actualmente, se interviene la carretera que conecta la aldea Veguitas, en San Juan Ermita, con el municipio de Olopa, mediante un préstamo del Banco Mundial. Por esta vía se moviliza el 95% de la economía de ambos municipios”.

Añade que también se ha iniciado el proceso de estudios de preinversión para asfaltar completamente la carretera, que conecta San Juan Ermita y Olopa con Esquipulas. “Esta es una de las principales solicitudes de la población” remarca.

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Rutas para el Desarrollo es un programa que busca volverse interinstitucional para recuperar y conectar caminos rurales en Las Verapaces, con un enfoque especial en Cobán; el Altiplano Occidental (Huehuetenango, Totonicapán, Quiché y San Marcos), y el Corredor Seco, en comunidades priorizadas por sus niveles de pobreza y exclusión. 

Carlos Mendoza, jefe de la Secretaría General de Planificación (Segeplán), confirma que la mejora vial busca acercarse a mercados, salud, educación y otros servicios públicos para impulsar su desarrollo económico y social.

El programa Rutas del Desarrollo anunció en febrero pasado una meta global de 4,820 kilómetros en tres años: 1,820 kilómetros de carreteras secundarias y 3,000 kilómetros de caminos rurales. Entre 2024 y 2025 se reportan unos 1,405 km. de caminos mejorados. 

La operación financiada por el Banco Mundial contempla la rehabilitación y mejoramiento de 640 kilómetros de caminos y carreteras rurales.

Cambio de gobierno, el desafío

El mayor desafío para que otros guatemaltecos como don José queden conectados con la economía es que el programa se mantenga a pesar de los cambios de gobierno. 

Juan Carlos Méndez, director del programa, considera que el reto inmediato es institucionalizar los procedimientos, las metodologías y el modelo institucional adecuado para mantener el programa más allá de la actual administración. También señala que el enfoque territorial debe quedar incorporado institucionalmente para que continúe aplicándose en el futuro.  

Méndez confirmó que la meta a final de año es intervenir mil kilómetros de este tipo de caminos rurales y que ya están programados 853 de estos, distribuidos en Mataquescuintla, Jalapa (109 km.), Polochic (383 km.) y Quiché Sur y Totonicapán (360 km.). Además, proyectan otros mil kilómetros para 2027 y consolidar 3,400 km. de caminos rurales y otros 300 en rutas troncales para conectar estos ramales. 

Eso sí, Mendoza plantea consolidar Rutas del Desarrollo en una unidad ejecutora permanente, posiblemente la Dirección General de Caminos, porque la Secretaría Privada de la Presidencia coordina la iniciativa, pero no tiene como función específica ejecutar proyectos viales. El desafío, según él, es que la siguiente administración pueda mantenerla.  

Compá coincide con la necesidad de institucionalizar las intervenciones para que el trabajo no dependa únicamente de una acción temporal.  

A criterio de Érick Coyoy, investigador de la Universidad Rafael Landívar y exviceministro de Economía, lo que hacen falta son planes de largo plazo que definan una ruta de trabajo independiente del gobierno de turno y eviten que cada administración comience nuevamente desde cero.

Superar baja ejecución

La histórica y débil ejecución de los ministerios es un desafío para el proyecto. Para 2026, la cartera de Comunicaciones cuenta con un presupuesto vigente que asciende a más de Q7 mil 656 millones, de los cuales, hasta el 19 de junio, había ejecutado solo el 23% de ese monto.

En este contexto, Coyoy señala que los obstáculos en los proyectos y contratos encarecen las obras, desperdician recursos y limitan la ampliación de la red vial. 

También advierte sobre la baja capacidad de ejecución del Ministerio de Comunicaciones y la discrecionalidad en la asignación de fondos. Mendoza identifica como problemas la judicialización de proyectos, la baja ejecución y la depuración de equipos dentro del ministerio.

Compá identifica como reto mantener la coordinación institucional para que el Cuerpo de Ingenieros y las demás entidades puedan cumplir su función. 

El mismo Méndez reconoce que la siguiente etapa consiste en fortalecer la presencia de los ministerios de Educación, Salud y Agricultura mediante escuelas, puestos y centros de salud, y servicios de formación y extensión rural. “El desarrollo debe construirse desde una visión local, con participación de las comunidades y respeto por sus características culturales y productivas” recomienda.  

Confirma que para financiar la ampliación del modelo, un préstamo del Banco Mundial originalmente destinado a caminos rurales de San Marcos por US$150 millones fue transformado en un programa nacional por US$400 millones. Además, se obtuvo una asistencia técnica de US$500 mil para financiar estudios de preinversión de rutas secundarias.  

Cómo se construye el programa

El equipo periodístico de Guatevisión pudo constatar que muchos campesinos han podido trasladar café, maíz, frijol y banano hacia los mercados. “En lugares como San Juan Ermita se está fortaleciendo un mercado que antes no existía, generando mayor bienestar para la población” dice Compá.

Según Méndez, el programa comienza con la identificación de las comunidades rurales que presentan los mayores niveles de pobreza estructural y exclusión física. Para ello se utilizan las necesidades básicas insatisfechas a escala de sitio poblado, en lugar de limitar el análisis al nivel municipal. 

Esta metodología permitió localizar concentraciones críticas de pobreza en las Verapaces, el Corredor Seco oriental y el altiplano occidental.  

Una vez ubicados los sitios poblados prioritarios, se analiza cómo conectarlos con la red vial nacional para facilitar tanto su acceso a los mercados como la llegada de servicios básicos de educación, salud, asistencia técnica agropecuaria, electrificación, agua y saneamiento.  

El modelo parte del concepto de red: las rutas terciarias deben conectarse con las rutas secundarias y estas, a su vez, con las rutas primarias, confirma Mendoza. 

Como muchos caminos rurales no aparecían en los registros oficiales, se realizó un proceso colaborativo para identificarlos y construir un mapa nacional de rutas terciarias y municipales no registradas. Ese mapa permite establecer qué caminos podrían conectar a las comunidades más pobres con la red vial existente, amplía el secretario.

Con la información geográfica reunida, la coordinación de Rutas del Desarrollo elabora una primera propuesta de intervención.  

Los mapas y la propuesta inicial se entregan al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que cuenta con maquinaria, técnicos e ingenieros. Sus equipos visitan los caminos, verifican las condiciones existentes y determinan las posibilidades reales de dar mantenimiento o recuperar las brechas y rutas rurales, informa Méndez.  

Después de la verificación de campo, la información regresa a la coordinación del programa. Con las comunidades, los alcaldes municipales y el Cuerpo de Ingenieros se establece el orden de intervención: qué tramos deben atenderse primero y cuáles pueden ejecutarse posteriormente.  

En las rutas departamentales se puede comenzar con mantenimiento de terracería y continuar con estudios de preinversión para su futura pavimentación o asfaltado. “Estos procesos requieren más tiempo porque corresponden a inversiones públicas de mayor alcance” explica el director del programa. 

Cuando el camino terciario ya es transitable, comienza la coordinación con otros ministerios. Educación puede planificar el remozamiento de escuelas; Salud puede evaluar puestos o centros de atención; los Consejos Departamentales de Desarrollo pueden integrar nuevos proyectos, y el Inde puede extender programas de electrificación rural que necesitan acceso vehicular para instalar postes y redes, explica Mendoza.  

¿Cómo saber si fue exitoso? 

Según Mendoza, aún es prematuro para visibilizar resultados. Sin embargo, detalla que la medición de impacto debe incorporar indicadores de pobreza y pobreza extrema, desnutrición crónica y aguda, mortalidad materna y mortalidad infantil. Los censos de población, vivienda, economía y agricultura, junto con encuestas de hogares, deberán proporcionar la información necesaria para comprobar los cambios en los territorios intervenidos. 

Mendoza advierte que algunos caminos rurales no podrán mostrar plenamente sus beneficios mientras permanezcan inconclusas las rutas principales con las que deben enlazarse. Coyoy también señala que debe priorizarse la conexión de aldeas y caseríos con la red vial central.

También Coyoy considera que los resultados no deben medirse únicamente por los kilómetros construidos. Propone observar los ingresos de la población, la reducción de los costos de transporte y el aumento de las oportunidades económicas. 

Compá también apunta a encontrar materiales adecuados en las comunidades, resistir los efectos de las lluvias y lograr que las municipalidades den mantenimiento a las carreteras después de su recuperación. También plantea que la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en los gobiernos locales. 

Insiste en que todavía hay carreteras utilizadas por las comunidades que no aparecen en los registros oficiales, lo cual dificulta planificar las intervenciones. Méndez también advierte que unos 30 mil kilómetros de la red terciaria permanecía sin identificar y debía incorporarse a nuevos mapas. 

La clave puede estar en la planificación a largo plazo. Coyoy propone contar con un plan de infraestructura vial que identifique todos los proyectos necesarios y establezca cómo atenderlos gradualmente. También considera necesaria una cartera pública que permita conocer qué obras se ejecutarán y cómo se distribuirán los recursos.

Y Méndez sugiere que las decisiones deben basarse en información, mapas, criterios, prioridades y objetivos claros. Con ello se busca evitar la práctica de construir caminos para beneficiar fincas o negocios particulares.

Con información de Luis Carlos Moreno y Silvana Lickez. 

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