Fueron seis allanamientos en las colonias La Verbena, Castillo Lara, Quinta Samayoa y el Amparo II, zona 7, en busca de evidencias del ataque del 21 de enero último, que dejó siete heridos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

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Asimismo hubo 14 cateos en las colonias Búcaro y El Mezquital, zona 12, en busca de sicarios implicados en ataques a rutas urbanas.

Pablo Castillo, portavoz de la PNC, informó que se encontraron y embalaron evidencias. No hubo capturas.

Del caso del ataque a la ruta 32 hay dos personas judicializadas. Mirna Elizabeth Juárez, alias la Rancherita, la mujer que habría llevado la bomba que explotó en el autobús, ya guarda prisión preventiva desde el viernes último en la cárcel de Santa Teresa, luego que fuera dada de alta en el Hospital Roosevelt por la intervención para amputarle ambas manos. Fue ligada a proceso dos días antes por el delito de asesinato en grado de tentativa.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene tres meses para ampliar la investigación contra la Rancherita y presentar la acusación.

El domingo último, Mario Adán Pineda, Mayorga, de 30 años, alias el Payaso, fue apresado en San Juan Sacatepéquez por estar involucrado en el mismo caso. Él es señalado de haber manejado la moto en la que Juárez se transportaba para intimidar al piloto del autobús de la ruta 32 y quien huyó del lugar al ver que Juárez había sido atrapada en el lugar.

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Ruta atacada

La ruta 32 brinda servicio de la colonia La Verbena a la Terminal de la zona 4. Se trata de 6.1 kilómetros donde los pilotos tienen que pagar extorsión a cuatro clicas de las pandillas Salvatrucha y Barrio 18.

El fenómeno no es nuevo. Según los conductores, el cobro de extorsión lleva 15 años y las cuotas van en aumento.

Un transportista de esa ruta lo resume así: “Se hace lo que dicen porque, o hay muertes, o se muere el negocio del transporte colectivo”.

Y la forma de cobro ha cambiado con el tiempo, para evitar ser descubiertos. Fuentes consultadas dijeron que las clicas usan cada vez menos el teléfono, para evitar ser rastreados, y usan a menores de edad o a pandilleros que abordan las unidades como pasajeros y reciben el dinero.

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