Uno de los sindicados del Caso Libramiento de Chimaltenango presentó una recusación contra la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, pero este martes 12 de abril la Sala Primera de Mayor Riesgo la rechazó, por lo que ella seguirá al frente del proceso. 

Jorge Alfredo Tejada Argueta, representante legal de la entidad Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), por medio del abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, presentó un escrito en febrero de 2022, por medio del cual recusó a la juez del Juzgado de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, que lleva el caso Libramiento Chimaltenango. 

En el escrito, Tejada Argueta aduce tener enemistad grave con la juzgadora y con esa causal quiere apartarla de dicho proceso penal en el que se investiga la construcción del Libramiento de Chimaltenango por más de Q500 millones y en el cual el Ministerio Público considera que hubo corrupción. 

La Sala Primera de Mayor Riesgo, a cargo la jueza Anabella Cardona, resolvió que los recusantes no lograron acreditar alguna enemistad grave entre la jueza Silvia de León y el procesado Jorge Alfredo Tejada Argueta. 

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En la resolución, la jueza Cardona también mencionó que no fue acreditada tampoco que debido a esa enemistad grave que aducía el procesado se haya intentado dañar o se haya dañado el honor del Tejada Argueta. 

También hizo referencia a que la jueza había emitido opinión en el caso, pero que esa no era la causal invocada en la resolución.  

“La recusación presentada por Jorge Alfredo Tejada Argueta contra la jueza De León Santos, sea declarada sin lugar por no darse la causal invocada en la literal l del artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial, por lo tanto la jueza deberá continuar conociendo el proceso en la etapa que todavía le corresponde”, dijo la jueza Cardona.

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Insistió en que a Tejada Argueta no se le dañó en su honor y que incluso el Ministerio Público dijo que no se daba la causal invocada en la recusación y que a criterio de ellos la jueza debía seguir en el caso.  

Declaraciones a la prensa 

La jueza Cardona también argumentó que la jueza de León nunca dio declaraciones a la prensa, sino que los audios y videos que circularon en redes sociales e informaciones periodísticas fueron tomadas de su argumentación.  

También explicó que estas declaraciones no pueden convertirse en pruebas y que en algunas ocasiones las noticas llevan el criterio del que la está contando y podrían ser sacadas de contexo.  

Señaló que dicha sala escuchó los audios con las declaraciones que propiciaron la recusación contra la jueza, pero consideraron no son suficientes para acreditar una enemistad grave entre ella y el sindicado.  

“Ella no ha dado declaración a los medios, como dijo el recusante sino que fue su argumentación al momento de dictar su resolución”, dijo la jueza Cardona.  

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Finalizó diciendo que la sala que dirige no recibió ni una sola prueba por parte de los recusantes para acreditar que sí se dañó el honor del procesado.  

En la recusación, los abogados defensores planteaban que la juzgadora no había sido imparcial y que sus resoluciones eran sesgadas, por omitir opiniones del caso.  

El caso

Silvia de León empezó a conocer el caso Libramiento de Chimaltenango luego que éste fuera trasladado a su juzgado por orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, por petición de la Fiscalía contra la Corrupción del MP. 

Esa fiscalía había pedido que se retirara el proceso del Juzgado Tercero Penal, que dirigía Mynor Moto,(hoy prófugo de la justicia), pues los fiscales señalaron irregularidades del entonces juzgador y se le pidió el retiro de la inmunidad. 

El pasado 27 de enero del 2022, el Juzgado de Mayor Riesgo C envió a juicio a 22 personas implicadas en el Caso Libramiento de Chimaltenango, un caso de corrupción durante la construcción de libramiento de Chimaltenango, una “mega obra” habilitada durante el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron más de Q500 millones, pero que ha presentado inconsistencias. 

Estos son los 22 implicados en el caso Libramiento Chimaltenango, entre los que figura Jorge Alfredo Tejada Argueta, quien era vicepresidente y representante de Conasa y quien está procesado por el delito de fraude. 

1. Jorge Alfredo Tejada Argueta, por el delito de fraude
2. Carlos Enrique Figueroa Ravanales, por el delito de fraude
3. Rosa Isabel Caal, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
4. Herber GeovanniI Cahuec Velásquez, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
5. Reina Maribel López Tuluc de Álvarez, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
6. Cristian Steven Martínez Yos, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
7. Estiben Alexander Mérida Mayen, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
8. Francisco Monzón Cute, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
9. Joel Olcot Burrión, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
10. Josué Venancio Orellana, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
11. Wilson Ottoniel Puac Joj, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
12. Rafael Sajbochol, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
13. Carlos Alfredo Sicay, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
14. Vilma Patricia Duque Estrada, por los delitos de falsedad ideológica
15. Gustavo Alejandro Fong Araujo, por el delito de fraude
16. Mario Alberto Rojas Alvarado, por el delito de fraude
17. Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, por el delito de fraude
18. Yorik Alexander Campos Morales, por los delitos de manipulación de información, falsedad material y fraude
19. Juan José Hanser Pérez, por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude
20. José Mario Muñoz Estrada, por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude
21. Álvaro Castillo Valdez, por los delitos de falsedad ideológica y fraude
22. Boris Abilio Palma Montenegro, por los delitos de falsedad ideológica y fraude

La investigación del caso

La investigación del MP estableció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala, por medio del  Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango, en el que se benefició a la Constructora Nacional, S.A. por medio de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento.

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El señalamiento agrega que esta empresa carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, aun así, fue adjudicada por el monto de Q77 millones 798 mil 535.34  por la Junta de Licitación.

Además, agrega que “se efectuó el pago de indemnizaciones a particulares en concepto de derecho de vía sin que fueran propietarios de los inmuebles y con documentos falsificados, lo que ocasionó una erogación por parte del Estado de Q15 millones 388 mil 357.35”, dinero que fue dispuesto por los señalados a través de distintas transacciones financieras, “con el fin de ocultar su destino final”.

“También se pagó estimaciones de pago en forma anticipada, con datos falsos, por renglones de trabajo no ejecutados al momento de su emisión, por el monto de Q640 millones”, añade la Fiscalía.

Exministro vinculado al caso

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, también está vinculado al Caso Libramiento de Chimaltenango.

Benito se entregó a la Justicia, el viernes 21 de enero último, que lo requería por corrupción tras encontrarse unos US$16 millones en una casa que arrendaba en la Antigua Guatemala y que podrían estar ligados a coimas por la construcción del libramiento de Chimaltenango, que resultó ser un fracaso, ya que gran parte se derrumbó con las lluvias.

El exfuncionario del expresidente Jimmy Morales, de 42 años, tenía una orden de captura desde octubre de 2020.

El 28 de enero el exfuncionario fue ligado a proceso pese a “pobre” argumentación del MP, según jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León.

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Durante la audiencia de este viernes, la jueza Silvia de León expuso datos de la investigación de la Fiscalía y remarcó que cuando la empresa Conasa, encargada de la construcción del libramiento de Chimaltenango, tenía dudas si podía o no seguir obteniendo adjudicaciones para esa obra, el ministro José Luis Benito pidió que se publicarán bases de licitación.

Además de haber sido ligado a proceso, la jueza determinó que Benito guarde prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zabala.

Según la investigación, Benito (en esa época) no había firmado -el 8 de octubre de 2018- contrato de modificación del tramo de vía que Conasa ya no construiría por dudas, pero ya había instruido a nuevas bases de licitación, las cuales, según el análisis de la jueza, fue un proceso que ganó Renova Ingenieros, una empresa que fue creada con capital y maquinaria de Conasa.

“El Ministerio Público sigue complaciente porque jamás imputó lavado de dinero y otros activos a Conasa y jamás imputó testaferrato a Renova Ingenieros”, reprochó la jueza Silvia de León.

Durante la exposición de su argumentación detectó indicios de irregularidades en “la fluctuación de precios” y la razón que dio Conasa para no continuar construyendo 2.3 kilómetros del libramiento de Chimaltenango.