Según se informó, en el escrito Tejada Argueta aduce tener enemistad grave con la juzgadora y con esa causal quiere apartarla de dicho proceso penal en el que se investiga la construcción del Libramiento de Chimaltenango por más de Q500 millones y en el cual el Ministerio Público considera que hubo corrupción.
Ahora, el caso se trasladó a la Sala Primera de Mayor Riesgo y ellos deben resolver la recusación.
El pasado 27 de enero del 2022, l Juzgado de Mayor Riesgo C envió a juicio a 22 personas implicadas en el Caso Libramiento de Chimaltenango, un caso de corrupción durante la construcción de libramiento de Chimaltenango, una “mega obra” habilitada durante el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron más de Q500 millones, pero que ha presentado inconsistencias, informó el MP.
Entre los 22 implicados figura Jorge Alfredo Tejada Argueta, quien era vicepresidente y representante de Conasa y quien está procesado por el delito de fraude.
- Jorge Alfredo Tejada Argueta, por el delito de fraude
- Carlos Enrique Figueroa Ravanales, por el delito de fraude
- Rosa Isabel Caal, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Herber GeovanniI Cahuec Velásquez, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Reina Maribel López Tuluc de Álvarez, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Cristian Steven Martínez Yos, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Estiben Alexander Mérida Mayen, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Francisco Monzón Cute, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Joel Olcot Burrión, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Josué Venancio Orellana, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Wilson Ottoniel Puac Joj, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Rafael Sajbochol, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Carlos Alfredo Sicay, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
- Vilma Patricia Duque Estrada, por los delitos de falsedad ideológica
- Gustavo Alejandro Fong Araujo, por el delito de fraude
- Mario Alberto Rojas Alvarado, por el delito de fraude
- Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, por el delito de fraude
- Yorik Alexander Campos Morales, por los delitos de manipulación de información, falsedad material y fraude
- Juan José Hanser Pérez, por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude
- José Mario Muñoz Estrada, por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude
- Álvaro Castillo Valdez, por los delitos de falsedad ideológica y fraude
- Boris Abilio Palma Montenegro, por los delitos de falsedad ideológica y fraude
La investigación del caso
La investigación del MP estableció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango, en el que se benefició a la Constructora Nacional, S.A. por medio de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento.
El señalamiento agrega que esta empresa carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, aun así, fue adjudicada por el monto de Q77 millones 798 mil 535.34 por la Junta de Licitación.
Además, agrega que “se efectuó el pago de indemnizaciones a particulares en concepto de derecho de vía sin que fueran propietarios de los inmuebles y con documentos falsificados, lo que ocasionó una erogación por parte del Estado de Q15 millones 388 mil 357.35”, dinero que fue dispuesto por los señalados a través de distintas transacciones financieras, “con el fin de ocultar su destino final”.
“También se pagó estimaciones de pago en forma anticipada, con datos falsos, por renglones de trabajo no ejecutados al momento de su emisión, por el monto de Q640 millones”, añade la Fiscalía.
Exministro vinculado al caso
El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, también está vinculado al Caso Libramiento de Chimaltenango.
Benito se entregó a la Justicia, el viernes 21 de enero último, que lo requería por corrupción tras encontrarse unos US$16 millones en una casa que arrendaba en la Antigua Guatemala y que podrían estar ligados a coimas por la construcción del libramiento de Chimaltenango, que resultó ser un fracaso, ya que gran parte se derrumbó con las lluvias.
El exfuncionario del expresidente Jimmy Morales, de 42 años, tenía una orden de captura desde octubre de 2020.
El 28 de enero el exfuncionario fue ligado a proceso pese a “pobre” argumentación del MP, según jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León.
Durante la audiencia de este viernes, la jueza Silvia de León expuso datos de la investigación de la Fiscalía y remarcó que cuando la empresa Conasa, encargada de la construcción del libramiento de Chimaltenango, tenía dudas si podía o no seguir obteniendo adjudicaciones para esa obra, el ministro José Luis Benito pidió que se publicarán bases de licitación.
Además de haber sido ligado a proceso, la jueza determinó que Benito guarde prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zabala.
Según la investigación, Benito (en esa época) no había firmado -el 8 de octubre de 2018- contrato de modificación del tramo de vía que Conasa ya no construiría por dudas, pero ya había instruido a nuevas bases de licitación, las cuales, según el análisis de la jueza, fue un proceso que ganó Renova Ingenieros, una empresa que fue creada con capital y maquinaria de Conasa.
“El Ministerio Público sigue complaciente porque jamás imputó lavado de dinero y otros activos a Conasa y jamás imputó testaferrato a Renova Ingenieros”, reprochó la jueza Silvia de León.
Durante la exposición de su argumentación detectó indicios de irregularidades en “la fluctuación de precios” y la razón que dio Conasa para no continuar construyendo 2.3 kilómetros del libramiento de Chimaltenango.
