El letrado César Calderón, defensor de Pérez Molina, dijo durante su exposición, que no hay pruebas sólidas que fundamenten la acusación del Ministerio Público (MP-Fiscalía), que señala que Pérez Molina, junto con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, cobró un soborno millonario a cambio de la adjudicación de la ampliación del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
“No pueden acreditar el soborno por más que tiren del chicle” o por más que la fiscalía “adorne la cosa”, arguyó.
Durante más de una hora, el letrado argumentó que este proceso, hecho público en una conferencia de prensa por la fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, ya ha hecho un “daño irreversible” a su patrocinado, pues la sociedad está “contaminada” antes de la condena.
La defensa de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, consideró hoy que existe falta de mérito en los delitos que la fiscalía imputa a su patrocinada por el caso de corrupción en la portuaria Puerto Quetzal.
Durante su exposición, el letrado Fernando David Guerra Ruiz aseguró que los delitos de los que está señalada Baldetti, asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude, no están acreditados.
Se defiende
El español Juan José Suárez, representante legal de la empresa de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), solicitó al juez que lleva el caso de corrupción en la mayor portuaria de Guatemala prestar declaración.
Suárez, representante legal de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y acusado por la fiscalía de Guatemala de corrupción, dijo hoy que el caso en su contra es “una gigantesca y burda mentira”.
El directivo español analizó durante una media hora un informe de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala sobre la portuaria y aseguró que las cifras ahí recogidas sobre los beneficios y los movimientos son erróneos, al igual que el caso en su contra.
Es un “despropósito” de estudio, dijo Suárez, quien agregó que no sabe si está mal realizado por “ignorancia o mala intención” pero, de todos modos, los “datos son falsos” al igual que el proceso, que es una “gigantesca y burda mentira” .
Suárez, acusado por la fiscalía de los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho activo, pidió al titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, prestar testimonio en el marco de la audiencia de primera declaración, después de haberse negado a ello el pasado viernes, según le reconoce la ley.
MP pide proceso contra 12
El Ministerio Público (MP) finalizó la imputación en contra de 12 sospechosos de haber gestionado en forma ilícita la entrega de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en usufructo, por 25 años, a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), y pidió ligarlos a proceso por una serie de delitos relacionados con hechos de corrupción.
Entre los cargos que la Fiscalía les imputa a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como a otras 10 personas, se encuentran asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de influencias, fraude, cohecho pasivo y activo.
El fiscal Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, dijo al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que existen serios indicios de que existe relación entre los sindicados y los hechos que se investigan, los cuales se registraron entre enero del 2012 y abril del 2015.
Una de las evidencias mostradas a Gálvez fue el libro de ingresos a la Casa Presidencial y las visitas que tenían Pérez Molina y el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.
En el libro también aparece que Jonathan Chévez, quien ofrecía servicios de manejo financiero, visitó a Daniela Beltranena, exasesora de Baldetti.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la EPQ, querellantes adhesivos, así como la Procuraduría General de la Nación, que figura como agraviada, requirieron al juez aceptar los argumentos del MP y abrir un proceso penal en contra de los sospechosos.
