El pasado 8 de octubre, cuando Mario Estrada Orellana se declaró culpable en una corte de Nueva York de conspirar para traficar cocaína hacia EE.UU., su defensa y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York llevaban meses sentados a la mesa de negociación.

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Las autoridades estadounidenses capturaron a Estrada en abril pasado, en Miami, Florida, cuando ya tenían evidencia en audio, vídeo y testimonial, de que el entonces candidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) creía haber negociado con presuntos miembros del Cartel de Sinaloa para recibir US$12 millones de dólares para su campaña política. Estrada ofrecía a cambio el paso libre para cargamentos de droga desde Sudamérica hacia México vía Guatemala, además de solicitar apoyo para asesinar a otros candidatos que podían hacer peligrar su futura victoria en las elecciones generales de junio pasado.

Lo que desconocía Estrada es que sus interlocutores no eran miembros del Cartel de Sinaloa, sino agentes encubiertos: miembros de las fuerzas de seguridad de Guatemala, que integran una fuerza de tarea que trabaja con la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), según consta en el expediente del caso abierto en Florida, antes de su traslado a Nueva York.

Pese a su condición de capturado, Estrada tenía una ventaja. Él y sus abogados sabían lo que lograron otros guatemaltecos acusados (de cargos relacionados con el narcotráfico) después de declararse culpables. Al cambiar su declaración de “no culpable” a “culpable”, renunciaban a ir juicio (ahorrándole miles de dólares en costos al Estado), y se comprometían a colaborar con cuanto la fiscalía pidiera (usualmente, testificar contra narcotraficantes). La corte, a cambio y previa recomendación de la fiscalía, redujo las sentencias, aunque la reducción no siempre fue inmediata.

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Dando y dando

La declaración de culpabilidad de Estrada no le garantiza que el 24 de enero de 2020, para cuando está fijada su audiencia de sentencia, la corte le dicte una sentencia benévola. Otros acusados, que enfrentaban una pena máxima de cadena perpetua, recibieron sentencias mucho más cortas, que fueron reducidas aún más después que colaboraron.

Por ejemplo, Marllory Chacón fue encarcelada en 2014 y la condenaron a 12 años de cárcel, pero salió libre después de cuatro años y medio. Sebastiana Cottón, capturada en 2014, cumplía una condena de 17 años de cárcel; una corte de Florida le redujo la sentencia hasta 2019—y salió libre en septiembre pasado después de cinco años de cárcel.

El abogado defensor de Estrada es Robert Feitel, que tiene un bufete en Washington, D.C., y también defendió a uno de los hermanos hondureños Valle Valle (acusados de narcotráfico), y al guatemalteco José Manuel López Morales, alias Che Manuel, que EE.UU. señaló como uno de los más prolíficos narcotraficantes en el oriente de Guatemala. Che Manuel, socio de los Valle Valle y de Cottón, fue detenido y se declaró culpable en 2017, y cuando una corte lo condenó a 11 años de cárcel. El Buró Federal de Prisiones ahora lo reporta elegible para excarcelación en siete años—en 2024.

Mientras tanto, la declaración de “no culpable” a “culpable” de Estrada no está accesible al público. No obstante, en otros casos similares, el cambio ha implicado que el procesado renuncia al juicio (donde un jurado de ciudadanos estadounidenses habría decidido si era culpable o no), acepta entregar cualquier bien obtenido con fondos producto de los hechos ilícitos cometidos (por ejemplo, Estrada recibió un adelanto de US$10 mil, unos Q75 mil, de quienes pensaba eran miembros del Cartel de Sinaloa), y colaborar con información que la fiscalía solicite.

La corte neoyorquina también ordenó que se inicie el Reporte e Investigación Pre Sentencia (PSI, por sus siglas en inglés) de Estrada: una descripción de cómo las evidencias comprueban las acusaciones en su contra. La corte sustentará la sentencia en el PSI. El acusado puede disputar el contenido, pero la corte tiene la última palabra al respecto.

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Un coconspirador de Estrada, Juan Pablo González Mayorga (otrora tercer secretario adjunto de la UCN), también capturado en Miami, será sentenciado el 15 de mayo próximo. Una de las evidencias más fuertes contra ambos es un vídeo que González grabó en Miami con su celular, para mostrarle a Estrada parte del dinero encaletado en un barco, que los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa le enviarían hacia Guatemala. En realidad, era un montaje que la DEA armó.

Todavía es un enigma cómo va a colaborar Estrada. En la práctica, nunca tuvo contacto con el Cartel de Sinaloa: hablaba con policías guatemaltecos encubiertos, aunque para persuadirlos a entregarle dinero, dijo que ya tenía una oferta del cartel Jalisco Nueva Generación (también para financiar su campaña política a cambio de paso libre para traficar drogas). Nadie ha revelado aún si era solo un embuste para ejercer presión. Ahora, es cuestión de tiempo para que la fiscalía neoyorquina determine si la colaboración que pueda brindar Estrada será útil, o resulte ser una cortina de humo que acabe por escribir en piedra la sentencia que le dictarán en tres meses.

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