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La orden fue girada el 1 de mayo, ocho días después de que se conociera que el mandatario utilizó el helicóptero de Mario Estrada, identificado con matrícula TG-MEO, en referencia a Tango Golfo- Mario Estrada Orellana, para hacer una visita a San Marcos, por una actividad del Ministerio de Gobernación.
La polémica se incrementó cuando el Ejecutivo afirmó que ese helicóptero fue contratado por el Mingob debido a que las aeronaves designadas al presidente se encontraban en tierra, por lo que la responsabilidad es del entonces ministro, Francisco Rivas; sin embargo, tanto el exfuncionario, como la empresa proveedora del servicio afirmaron que no se trata del mismo vehículo.
El 24 de abril, Morales reiteró que la responsabilidad por el uso del TG-MEO es del exministro Rivas y afirmó que ya había pedido a la Contraloría que revisara ese gasto, así como a la empresa proveedora.
De respuesta inmediata
Según la orden de la Contraloría, los dos auditores deberán trabajar con un “nivel de seguridad limitada” que, según el Manual de Auditoría Gubernamental, se efectúa cuando la Contraloría debe dar una “respuesta inmediata a la atención a denuncias ciudadanas o requerimientos de otras entidades, así también las auditorías concurrentes, que requieren de una pronta respuesta”.
Los auditores designados por la Contraloría para esta investigación son Jorge Alberto Tello Aguilar, supervisor gubernamental, y Selvin Rafael Pineda Avila, coordinador gubernamental.
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Aeronave inmovilizada
El 26 de abril, el Ministerio Público inmovilizó el helicóptero TG-MEO como parte del análisis sobre la reunión del 4 de abril entre el excandidato Mario Estrada y el presidente Morales.
Fiscales de Unidad de Extinción de Dominio entregaron la aeronave a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) “para que la administre mientras se concluyen las investigaciones”.
Morales llegó a la hacienda de Jalapa por invitación “insistente” de Estrada. Junto con ellos se sentaron a la mesa los ministros José Benito, de Comunicaciones, y Alfonso Alfonzo, de Ambiente; Alfredo Brito, secretario de Comunicación. Otro invitado fue Julio Lainfiesta, diputado de la Unión del Cambio Nacional (UCN).
La controversia persiste porque, según la SAAS, no tiene registro de tres personas que estaban en la reunión, algo que cuestionan diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quienes citaron a los funcionarios.
Según Alonzo, en la reunión se habló de la encuesta de ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión; de futbol, y de programas gubernamentales.
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