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En el documento firmado por la jueza Areces se indica que Arzú fue citado a comparecer ante el tribunal el pasado 4 y 17 de abril.
Sin embargo, Arzú no asistió a las audiencias y eso motivó que la jueza hiciera la petición a los Sheriff —autoridad policial electa— de Miami para que detengan al candidato presidencial.
Se considera que Arzú está en desacato civil al Tribunal debido a su falta de comparecencia para una audiencia del 17 de abril de 2019, según lo exige la orden de la Corte del 4 de abril de 2019.
El Tribunal además ordenó a los sheriff que mantengan a Arzú en custodia y lo lleven ante un juez de primera comparecencia dentro de las 24 horas de su detención
Documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre señalan que la demanda fue promovida por la empresa JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC.
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La demanda fue ganada y la sentencia pide que Arzú pague la suma de US$ 5.5 millones más intereses previos al juicio hasta el 17 de septiembre de 2018, que ascienden a $ 660.5 mil.
Es decir, el demandante busca que Arzú pague US$ 6 millones 160.5 mil, los cuales seguirán devengando intereses legales hasta que se pague en su totalidad, señala el documento.
Confirma información
Consultado por Prensa Libre y Guatevisión, Roberto Arzú confirmó la veracidad de la orden de la jueza de Miami-Dade, aunque señaló que se trata de un ardid de Rendón, a quien calificó de chantajista y extorsionista.
“Es una demanda civil. Eso fue hace tres años donde nosotros evaluábamos la posibilidad de participar en política electoral y fuimos con un grupo de asesores de Guatemala por recomendación de una persona que conocía a este personaje”, aseveró el candidato presidencial.
Arzú confirmó que se reunió con Rendón y junto a sus asesores se interesaron en la presentación que les hizo e incluso consideraron “que era un buen asesor con experiencia”.
“Al mes de eso, salió una noticia en una revista donde él era acusado de jaquear elecciones y aquí salió la noticia también, al darnos cuenta de eso en ningún momento íbamos a contratar a semejante tipo, que después nos enteramos que se dedica a chantajear y extorsionar a las personas y vivir de eso. Rompimos cualquier lazo”, contó el político.
Aseguró que posteriormente de esto Rendón lo demandó en Miami pese a que “el trabajo era en Guatemala” y no en Estados Unidos.
“Él nunca trabajó para nosotros y tenemos a nuestro abogados viendo el tema para colocar una demanda seria a este señor, que es un delincuente”, acotó Arzú.
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No había contrato
El candidato presidencial de PAN y Podemos explicó que nunca firmó ningún contrato con la compañía de Rendón, pero sí una carta de intención.
“Aparentemente allá —Miami— una carta de intención no es como en Guatemala, parece que se toma como un contrato, donde se habían acordado las condiciones para una asesoría”, expresó.
En la orden que giró la jueza Areces se señala que Arzú fue citado a comparecer por este caso el pasado 4 de abril, sin embargo, el candidato aseguró que no fue notificado, ni tuvo ninguna noticia sobre este proceso.
“Nuestros abogados ya están encima. Es un chantaje y una extorsión, casualmente a 50 días de la elección. Estamos claros que vienen por otros movimientos por atrás, pero no vamos a caer en estos juegos”, acotó Arzú.
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El candidato presidencial no descartó que Rendón pueda estar en contubernio con algún otro candidato en el país, particularmente para desprestigiarlo, y aseguró que no pagará nada a alguien que es un “extorsionista”.
“Si tenemos que tomar acciones legales y eso nos lleva a comparecer, por supuesto que lo haremos. No hemos hecho nada malo a nadie, ni cometido nada ilegal”, concluyó Arzú.
Señalamiento contra estratega
En marzo de 2016, la revista Bloomberg Businessweek publicó una nota titulada Cómo hackear una elección, que cuenta la historia de Andrés Sepúlveda, quien supuestamente dirigía a piratas informáticos con los cuales ayudaba a ganar elecciones en América Latina.
Sepúlveda aseguraba que estuvo en la nómina de Juan José Rendón, quien admitió conocerlo y lo empleó para diseños en páginas web, por lo cual consideró que no hizo nada ilegal.
El 13 de abril último, en una nota del diario El País, se publicó la nota Jefe de Jefes, donde indica que durante el juicio a Joaquín el Chapo Guzmán, condenado a pena perpetua, surgió un señalamiento “de que durante la campaña a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, en México, el cartel de Sinaloa donó dinero a través del estratega electoral venezolano J. J. Rendón”.*
*Nota del Editor: El 25 de abril de 2019 el señor Juan José Randón se comunicó a esta Redacción e hizo una observación sobre el último párrafo de esta nota: “Eso es sujeto a demanda aunque se cite al diario El País y explico por qué: La mención fue aclarada por el Washington Post, el New York Times, CNN en Español y CNN en Inglés. Es una mención que no dice que hubo un involucramiento. Aquí en los Estados Unidos, un abogado defensor puede usar cualquier nombre, cualquier situación falsa o real en el proceso de preguntas.
Yo le puedo preguntar a alguien ¿Es verdad que usted llevó un platillo volador a la fiesta? y eso es legal. Pero lo que no es legal es que el testigo diga eso. El testigo no me implicó en nada, por favor les pido que retiren la última línea, aunque sea de una fuente de El País de España. Por favor, pido que lo retiren. Es lo único para lo que tengo una objeción porque también le solicité a El País por escrito que la retire y estamos en un proceso donde estamos decidiendo si demandamos a El País o no. Creo que es suficiente para un medio serio para ustedes que yo les aclare que esa mención no está sustentada bajo ningún hecho real y lo pueden verificar. Entiendo que ustedes no actúan de mala fe, por eso lo pido”.
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