La sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) dictada esta noche favorece al Ministerio Público (MP) y a la Cicig en cuanto al amparo relacionado con la petición del retiro de la inmunidad que goza desde el 6 de febrero pasado, Torres. Ese día, el registrador electoral, Leopoldo Guerra, le entregó la credencial de inscripción como presidenciable.

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El camino legal del caso será, de momento, a la espera en el máximo ente legal del país hasta que se conozcan la sentencia respectiva y otros amparos que accionaron los diputados Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales. Después se hará el retorno del expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Cuando la candidata sea notificada junto con las demás partes, serán los magistrados judiciales quienes conocerán y revisarán el expediente.

El pasado 27 de febrero la CSJ, dividida, rechazó in limine -sin entrar a conocer- el pedido del retiro de inmunidad a Torres. Ese día el argumento fue “por no tener elementos de racionabilidad suficientes”. Ahora, con la sentencia del máximo ente legal, los magistrados emitirán un nuevo fallo.

En agenda

La CSJ agendará este proceso para ser conocido durante un pleno que se desarrolla cada miércoles.

Si los magistrados avalan el antejuicio se nombra un pesquisidor, que una vez sea notificado, tendrá hasta 60 días para indagar en la investigación. Incluso, el juez designado debe citar a las partes para escuchar sus alegatos en privado.

Después, redacta un informe con la sugerencia si es viable o no del retiro de la inmunidad y lo remite a la CSJ. En esta etapa es válida cualquier acción, como la recusación que detiene el proceso, de forma momentánea.

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Cuando los magistrados reciban el informe del pesquisidor volverán a sesionar en un pleno si avalan el retiro de la inmunidad. En esta etapa basta la mayoría -9 votos- para avalar el proceso y designar un juzgado en donde se plantearán las actuaciones.

Si la resolución de los magistrados es el rechazo de la denuncia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tendrán la última carta legal en esta investigación: Impugnar ante la CC.

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El señalamiento

El señalamiento contra la candidata fue por supuesto financiamiento no registrado y asociación ilícita.

El antejuicio también incluía a los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales, que también fue rechazado sin entrar a conocer.

Se les indicó que se relacionaron bajo la instrucción de Torres Casanova para gestionar y recibir aportes por medio de las empresas Maariv, Promotora de Recursos Habitacionales S. A., y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S. A.

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El caso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.

Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo- y la última con el diputado de la UNE, Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.

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