La tabla de gradación contiene 50 aspectos divididos en tres áreas: la académica, la profesional y la proyección humana. La Postuladora acordó otorgar los punteos así: 35 por méritos académicos, 55 por perfil profesional y 10 por proyección humana, para hacer un total de cien.
En la práctica
Según la tabla de gradación, se pide que los candidatos sean “preferentemente con formación y desarrollo académico con estudios a nivel postgrado en el campo de investigación criminal penal y afines”.
El adverbio “preferentemente” sirvió a la Comisión de Postulación para aceptar los estudios y especializaciones en Derecho Civil de Aldana.
Otra de las áreas calificadas indica que el aspirante debe “de preferencia, haber realizado actividades relacionadas con la investigación criminal, la materia penal y afines”.
De esta forma fueron validadas por la Postuladora muchas de las actividades que corresponden al ramo civil como si fueran penales, en el caso de la magistrada.
En ocasiones la comisión fue laxa con algunos candidatos y endureció sus criterios con otros.
La fiscal contra la Corrupción, Aura Marina López, presentó como “publicaciones” su tesis de graduación de abogada, inclusive su seminario de la secundaria sin que los postuladores objetaran.
En tanto que el postulador José Rubén Calderón, de la Universidad Mesoamericana, se opuso deliberadamente a que a la fiscal Paz y Paz se le diera por válida una publicación en la que aparece en la revista Forbes, porque eso no era una “constancia”.
A la jefa del Ministerio Público le dieron una calificación de “cero” en su experiencia laboral, por no llenar el requisito reglamentario de cinco años de desempeñarse como fiscal de carrera.
Sin embargo, otro de los postuladores sugirió que entonces se le valiera su experiencia profesional como una compensación; decisión que fue votada y aceptada.
En el currículum del abogado litigante William Méndez existe un listado de al menos 14 conferencias dictadas, las cuales no tuvieron ningún valor para los postuladores porque no estaban acreditadas.
Discusión
Hubo discusiones, por ejemplo, cuando fue calificado el juez Marco Antonio Villeda para tomar o no en cuenta sus años de experiencia como juez de Paz.
“Fue juez de Paz sin ser abogado, porque no era un requisito. Pero no hicimos esa distinción porque antes los jueces de Paz no necesariamente eran abogados”, dijo Luis Archila Álvarez, decano de la Universidad San Pablo, al referirse al caso de Villeda.
“Sí, pero son los aspectos que nunca evaluamos”, reclamó su homólogo de la Universidad de San Carlos, Avidán Ortiz.
Cuando posteriormente ocurrió el mismo caso con Paz y Paz, los postuladores simplemente decidieron no dar esos años de trabajo por válidos.
Al ser evaluado en el área de administración de recursos a Villeda, se le otorgaron cuatro puntos por poseer finiquito.
Fue hasta que Fredy Cabrera, decano de la Universidad da Vinci, observó que de hacerse la salvedad con Villeda, tendrían que revisarse todos los expedientes anteriores y rectificarse. Los puntos fueron restados al juez de Extinción de Dominio.
Ningún postulador objetó que en su currículum la registradora de la Propiedad, Anabella de León, presentó como proyección humana su función de intermediaria, cuando fue diputada, que es parte de sus atribuciones ordinarias en el cargo.
De la tarea de “intermediadora”, como ella apuntó en su currículum, De León observó: “Dieron en llamarme la diputada del pueblo y la defensora del pueblo”.
Bajas calificaciones
El fiscal Rigoberto Quiñónez, con ocho puntos, y Moisés Galindo, con 10, se convirtieron ayer en los peor evaluados.
A Quiñónez no se le otorgó ni un solo punto en el área académica, ni por su proyección humana.
El jueves anterior, a la fiscal Silvia García, la Postuladora le asignó solamente una calificación de 12. El ex procurador general de la Nación, Baudilio Portillo, fue calificado con 23 y recibió cero en su área académica.
La tabla de gradación “es un instrumento ambicioso y exigente”, la define la analista del Movimiento Projusticia, Carmen Aída Ibarra.
Por otro lado, reconoce que algunos aspirantes no documentaron adecuadamente su expediente y eso impidió que pudieran otorgar ciertos puntos.
“Algunos aspirantes no documentaron los cargos en general, afirmaron cosas en su currículum que luego no pudieron acreditar ante la Comisión”, agregó.
“A estos factores se suman los criterios subjetivos para decidir si estaban fundamentados. No ha habido un solo voto razonado que contravenga los de sus compañeros”, resaltó.
“Muchos no tienen postgrados ni publicaciones. El gran dilema es abaratar la tabla o estimular esos estudios y las investigaciones académicas”, resumió.
Hoy solo restan por ser evaluados el litigante Jaime Fernando Osorio Alonzo y la exjueza Liseth Soto Carcuz.
Honorabilidad
La Comisión comenzará con la evaluación de la “honorabilidad”.
Al término de la reunión de ayer, el presidente de la Comisión Postuladora, Arturo Sierra, prometió”afinar” criterios para calificar la honorabilidad.
“El perfil tiene muchas exigencias y eso le dificulta a la gente puntear. Muchos no acreditaron”, explicó.
Al ser cuestionado acerca de las bajas calificaciones que algunos abogados recibieron lo achacó a un “defecto” de la Ley de Comisiones de Postulación que debe ser revisado.
“La Ley no establece un mínimo punteo”, justificó Sierra.
Reconoció que la honorabilidad “es un aspecto que no se puede calificar numéricamente”.
En la elección a fiscal del 2010, entre los candidatos que obtuvieron más de 64 puntos, a quienes se les reconoció honorabilidad y nuevamente participan están: Julio César Rivera Clavería, 77.62 puntos; Claudia Paz y Paz Bailey, 77.31 puntos; Édgar Enrique Lemus Orellana, 73.63 puntos, y Marco Antonio Villeda Sandoval, 70.88 puntos.
Denuncian
La jornada tampoco estuvo exenta de señalamientos en contra de los postuladores.
Gerson Sotomayor, de Convergencia por los Derechos Humanos, dijo que observan las actuaciones de los dos representantes del Colegio de Abogados y notarios de Guatemala, Luis Reyes y Manuel Marroquín.
Durante la sesión de ayer fueron repartidas copias de la denuncia presentada por Llurandir Alexánder López Sandoval en contra de Jisela Yadel Reinoso Trujillo, decana de la Universidad Rural.
Según la denuncia presentada en la Contraloría General de Cuentas, Reinoso Trujillo, quien es jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, trabaja en el Organismo Judicial de 8 a 15.30 horas.
El mismo documento resalta que la jueza tiene un contrato como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Rural, en donde tiene un horario de 8 a 17 horas.
En febrero último, el rector de la Universidad Rural se presentó a la sala de vistas para desconocer a Reinoso Trujillo.
PRESIDENTE
Baldetti haría anuncio
El mandatario Otto Pérez Molina dijo que si él se encuentra de viaje cuando sea el tiempo de nombrar al nuevo fiscal general, la vicepresidenta Roxana Baldetti —como presidenta en funciones— será quien haga el anuncio.
“Cualquier decisión que haya que hacer no la va a hacer si no está en consulta conmigo. Yo voy a estar en comunicación viendo cómo está eso”, dijo ayer el gobernante.
Agregó que se hará un análisis de la ley del ramo para revisar sus plazos.
Pérez Molina viaja hoy a México, para participar mañana en la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, donde firmará el acuerdo de un gasoducto conjunto con ese país.
El lunes viajará a Londres, Inglaterra, donde participará en conferencias en algunas universidades y recibirá un estudio acerca de las drogas. Como puntos principales aparece la reunión con el príncipe Carlos y con el primer ministro de ese país, David Cameron.
