Los enfrentamientos han ocurrido entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa en el poblado de Frontera Comalapa, punto fronterizo entre México y Guatemala.
Al éxodo de personas, documentado por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, se le suma al menos unos 60 muertos, mientras que las desapariciones de hombres jóvenes reclutados a la fuerza por los cárteles podría llegar al centenar.
La violencia en la región (que ha ido en aumento desde hace dos años por las peleas entre cárteles) se ubica justo en uno de los puntos donde los migrantes irregulares hacen la primera parada en suelo mexicano antes de adentrarse en ese país para seguir su travesía hacia Estados Unidos.
El centro de análisis InSight Crime alertó el fin de semana en Washington que la “guerra” entre las dos agrupaciones del narcotráfico en el fronterizo estado de Chiapas se agudiza en “una importante ruta del tráfico transnacional de migrantes”.
Al analizar la situación, ese centro dijo que “se asemeja” al conflicto entre grupos del crimen organizado en el norte de México en la frontera con Estados Unidos.
“En un momento en que miles de migrantes centroamericanos siguen cruzando la frontera entre Guatemala y México, muchos hacen una primera escala en Frontera Comalapa. Desde allí, son llevados por entre las montañas hasta el embalse artificial La Angostura y siguen hacia el norte en lancha o por carretera”, advierte la institución.
A finales de abril unos 3 mil migrantes iniciaron en caravana desde el punto fronterizo de Tapachula al sur de Frontera Comalapa para hacer un recorrido por Chiapas con el plan de llegar a Ciudad de México, pero fue disuelta antes de llegar a su destino.
De acuerdo con la agencia Associated Press, la franja fronteriza de Comalapa que mide unos 80 kilómetros, se considera un territorio “poroso” para las actividades del crimen organizado pues prolifera el tráfico de drogas, armas y migrantes irregulares.
Documentos filtrados el año pasado de la Secretaría de Defensa de México (Sedena) identifican esta región como parte de “una red de localidades fronterizas” utilizadas por el cártel de Sinaloa para transbordar cargamentos de cocaína, según AP.
El periodista comunitario Argenis Esquipulas informó en sus redes sociales el pasado lunes que la situación ha seguido empeorando y más vecinos de la zona han decidido abandonar el poblado cerca del cruce fronterizo con Guatemala.
“Desde el sábado se ha dado el desplazamiento de más de 3 mil personas luego de los enfrentamientos donde se están disputando el territorio mexicano los dos cárteles de la droga”, confirmó.
México envío el 31 de mayo a unos 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para controlar la situación en la zona, pero reportes periodísticos de medios comunitarios locales indicaron que los militares fueron recibidos con piedras y artefactos explosivos por los residentes con enfrentamientos entre las bandas criminales a su encuentro. El gobierno federal mexicano no ha reconocido ni desmentido esas aseveraciones.
La droga de uno a otro lado
La expansión del CJNG no es una novedad al otro lado de la frontera en territorio guatemalteco, pues las operaciones de esta red criminal ya son visibles más al sur de Chiapas, donde se dan los enfrentamientos estos días con el cártel que por años había controlado la zona.
Ese cártel en expansión habría ampliado sus nexos con grupos como Los Huistas, ya establecidos para subir la droga de Guatemala a México por el corredor central del territorio guatemalteco hacia Frontera Comalapa.
“En esta región de México, colindante con Guatemala, en especial la parte del centro sur de Chiapas las actividades criminales son transnacionales, en especial el tráfico de drogas, armas y migrantes”, ha explicado el profesor Javier Oliva, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), citado por InSight Crime.
Un militar de alto rango guatemalteco (bajo condición de anonimato) reveló para otra investigación sobre las operaciones de los cárteles de la droga entre México y Guatemala, realizada por ese centro en Washington, y dijo que incluso hay oficiales del ejército guatemalteco que cooperan con el CJNG para traficar la cocaína por ese corredor, al menos desde el año 2017.
Esa versión se sustentaría con la confesión de culpabilidad del excoronel Otto Fernando Godoy Cordón, capturado en la región de Petén, Guatemala, en febrero de este año y extraditado a Estados Unidos para responder por narcotráfico, como explicó en su momento el Ministerio Público de Guatemala.
“Está siendo requerido por el Tribunal del Distrito Sur de California de los Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico”, explicó el ente fiscal guatemalteco al responder al pedido de extradición.
“Godoy confiaba en que sus credenciales militares le ayudarían a evitar la interferencia de las autoridades mientras se desplazaba hacia las pistas de aterrizaje clandestinas, y ayudaba a buscar y resguardar puntos de aterrizaje seguros para las avionetas cargadas de cocaína (…) esto “confirma los señalamientos a integrantes de las fuerzas armadas de Guatemala de prestar apoyo logístico a otro grupo narcotraficante mexicano”, resaltó el informe de InSight Crime.
El gobierno de Guatemala ha dicho que por el contrario, gracias al apoyo del Ejército se ha localizado aeronaves “vinculadas con el crimen organizado transnacional, acciones que fortalecen el combate contra el narcotráfico”.
Las operaciones del crimen organizado en la zona y los dos cárteles en disputa de territorios preocupa a Estados Unidos.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) estima que esas estructuras del crimen organizado son “en gran parte responsables” de la entrada masiva de fentanilo a EE.UU. en los últimos años.
Una alerta emitida por el Departamento de Estado para la captura de la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea (para ser extraditada a EEUU) indica que los hijos del Joaquín el Chapo Guzmán, “Chapitos” utilizan varios medios para la obtención de los químicos necesarios para la producción de fentanilo, donde participaba la sindicada.
El Ministerio Público de Guatemala al capturar a Rubio Zea en marzo de este año anunció que se enfrenta a la extradición como parte de los procesos contra “nueve extraditables por delitos de narcotráfico requeridos por EEUU”.
“Rubio Zea utilizaba sus conexiones con proveedores y fabricantes de productos químicos con sede en la República Popular China para adquirir productos químicos precursores de fentanilo para el cártel. Además, ponía a los traficantes en contacto directamente con los proveedores con sede en la República Popular China”, dijo el Departamento de Estado que ofrecía 1 millón de dólares por la captura y pruebas para condenar a Rubio Zea.
Ana Gabriela Rubio Zea fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU. Fue aprehendida el 17 de marzo del presente año.
En 2023, el MP ha coordinado la aprehensión de nueve extraditables por delitos de narcotráfico, requeridos EE.UU.https://t.co/AyyNBLrZ9W
— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 15, 2023
La Voz de América consultó con varias organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos que trabajan en esa región fronteriza en pugna, pero ante la crisis de violencia, evitaron opinar sobre la situación general y los peligros para los migrantes y residentes en esa franja en “guerra” entre narcotraficantes.
