“Ellos han estado caminando y al transitar Migración los espera con la Policía federal para realizar operativos, golpearlos y repatriarlos”, denunció el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino de Ixtepec (Oaxaca).
El 31 de marzo último, la fiscalía del estado de Veracruz anunciaba que por instrucciones del gobernador Javier Duarte se había presentado una denuncia contra las empresas Ferrosur y Kansas City Southern de México, por su presunta responsabilidad por acción u omisión en ilícitos y violaciones a los derechos humanos contra inmigrantes.
“Hay testimonios que indican que personal operativo de los ferrocarriles de estas empresas complacen, ayudan y coadyuvan a que se cometan diversos delitos, desde robo, tráfico de personas, lesiones y hasta extorsiones”, apuntaba el comunicado de la fiscalía.
Entre otras cosas, el documento explicaba que los conductores de ferrocarril se detienen en lugares solitarios para permitir que delincuentes aborden los vagones donde se transportan los migrantes y que realizan maniobras bruscas que redundan en lesiones y amputaciones, que incluso les llegan a costar la vida de los migrantes.
Nada nuevo, nada que los defensores de derechos humanos y los propios migrantes no lleven años denunciando, ante el caso omiso de las autoridades.
Pero esta denuncia sí ha tenido resultados, y es que las empresas, que hasta ahora aparentemente no actuaban contra los migrantes que se suben al tren para viajar ilegalmente en su techo, o entre los vagones, les han prohibido abordar el tren.
Lejos de hacerles un favor y de frenar su llegada a México, esto está provocando que tengan que buscar rutas alternativas, como la del mismo tren que va por el Pacífico, una ruta menos peligrosa pero “tres veces más larga”, según cuenta Solalinde.
La otra, que decidan hacer su camino andando y se enfrenten con alguno de los 60 puestos migratorios que hay por las carreteras mexicanas, o por algún operativo sorpresa del INM.
“Estamos con más preocupación porque ahora ya no solamente tenemos que asistirlos, cuidarlos y protegerlos en los albergues, ahora tenemos que salir a la calle con ellos para acompañarlos y defenderlos allí también en los caminos“, apuntó Solalinde, quien calcula en unas 8.000 personas las que cruzan cada mes la frontera sur de México.
Rubén Figueroa, también activista del Hogar Refugio para Migrantes “La 72” de Tenosique (Tabasco), estaba la noche del pasado miércoles cuando las autoridades mexicanas interceptaron a 291 centroamericanos que estaban irregularmente en el país “agrediéndolos física y verbalmente”.
Los migrantes fueron localizados cerca de la comunidad de Chacamac, en el estado de Tabasco, mientras viajaban en caravana, pues no habían podido agarrar el tren.
“Se está recibiendo a las personas que van entrando, ahora en el albergue hay más de un centenar pero en los próximos días se va a agudizar. No sabemos si la empresa ferroviaria va a continuar con la actitud de no dejarlos subir, pero de lo que sí estamos seguros es de que el Gobierno federal va a continuar la represión hacia ellos y el hostigamiento”, apuntó el activista.
Según contó Figueroa, no es que los migrantes elijan subir al tren por gusto, sino que se ven obligados porque no pueden transitar por las carreteras por miedo a los puntos de revisión migratoria.
La preocupación de los defensores es tal que están incluso pensando en irse turnando por tramos para acompañarlos permanentemente, mientras el Gobierno no les otorgue su principal reivindicación, el permiso temporal de libre tránsito por México.
Si tuvieran este permiso, asegura Solalinde, “podrían viajar en camión (autobús) por distintas rutas y ya sería muy difícil que la delincuencia los focalizara, por lo que serviría bastante para salvarles la vida”.
En su camino a Estados Unidos, al no tener permiso legal para pasar por México, se convierten en seres vulnerables, presa fácil para las mafias del narcotráfico que los extorsionan, los reclutan forzosamente para sus organizaciones o capturan a las mujeres para prostituirlas.
Para que esta “tragedia humanitaria” deje de producirse y México se preocupe verdaderamente “del crecimiento de sus hermanos del sur”, apuntó Solalinde, los aires tienen que cambiar y el país tiene que ver que “no es tiempo de reprimir a los migrantes, sino de actuar“.
