La otra es la de los 72 migrantes masacrados por el cártel de Los Zetas hace ahora justo cuatro años en San Fernando, Tamaulipas, casi en la frontera con Estados Unidos.
Los dos departamentos aludidos habían argumentado que la información solicitada a través del IFAI se encontraba reservada por un periodo de 12 años.
En ambos casos se presume algún tipo de complicidad de funcionarios públicos bien por acción u omisión, y por la matanza Acteal incluso hubo una demanda contra el entonces presidente Ernesto Zedillo ante un tribunal de Connecticut que no prosperó porque Estados Unidos le concedió inmunidad diplomática.
Con respecto al caso de Acteal, aunque todo sucedió hace casi 17 años, la decisión del órgano de transparencia obliga a divulgar un informe del 2014 que la SRE presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la matanza.
Mientras que en el caso de los migrantes de San Fernando, el IFAI determinó que la Procuraduría General de la República debe hacer públicos los documentos sobre la detención de 16 policías municipales relacionados con la masacre.
