La propuesta establece que el consejo minero estaría presidido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), acompañado por el de Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Gremial de Industrias Extractivas, la Asociación Nacional de Municipalidades y el Instituto Nacional de Fomento Municipal.
“Definitivamente es uno de los aspectos más conflictivos bajo la realidad social, porque no se puede ser juez y parte en un proceso, ya que con lo que hemos vivido, las empresas al estar adentro —del consejo— tratarán de manipular una serie de cosas, sin que la población se entere, para aprobar las licencias de minería”, señaló Rafael Maldonado, asesor jurídico del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas).
Aunque no se aclara el papel del consejo para otorgar una licencia minera, el texto afirma que “formulará recomendaciones para garantizar el desarrollo sostenible en las labores de exploración, explotación, extracción, procesamiento y aprovechamiento de los recursos”, y “recomendará la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones relacionadas” con la materia.
También participará el alcalde del municipio donde se efectúe la exploración o explotación, “siempre y cuando el tema a tratar esté relacionado con dicha explotación”, según el documento.
Queda fuera
Otro aspecto criticado de la iniciativa es que no incluye las consultas comunitarias. Archila dijo que no se incluyó porque “no es competencia del MEM esclarecer este aspecto”.
Esa declaración fue considerada como “mentira” por Maldonado, ya que, afirmó, “las consultas comunitarias deben quedar reguladas en la ley”.
“Es totalmente falso decir que no puede hacerlo, porque existe un instrumento legal internacional avalado por el país que lo permite, más aún, cuando ha generado una conflictividad social enorme”, agregó.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Édgar Cristiani, dijo que la “iniciativa no tiene el consenso de todos los sectores, y que será revisada exhaustivamente”.
“Estamos preocupados porque se está beneficiando a un solo sector, por eso se harán audiencias públicas para que todos los involucrados puedan hacer sus recomendaciones, incluyendo las consultas, porque la minería es un tema complejo que ha generado mucha discordia social”, expresó el diputado oficialista.
La consulta se sustituye con un mecanismo de información y comunicación de las autoridades hacia los Consejos Municipales de Desarrollo, antes del otorgamiento de licencias de exploración y explotación.
Otros cambios
La propuesta también pretende crear un fondo minero, regular la redistribución de regalías y la posibilidad de establecer una empresa estatal.
Además, la posibilidad de la participación patrimonial accionaria del Estado en las actividades mineras de hasta 40 por ciento, de toda sociedad que explote minerales metálicos, por medio de una empresa estatal.
No obstante, para la creación de esta empresa estatal se requiere que el Congreso emita una ley especial, según Archila.
También figura la obligatoriedad para las empresas mineras de constituir un seguro ambiental, que permita al Estado cubrir los costos y gastos de medidas de cese de operaciones si eventualmente las firmas incumplen el plan de cierre.
Regalías con 5% máximo
La propuesta establece regalías sobre el volumen de minerales vendidos y según el precio internacional.
El porcentaje de regalías por la extracción de materiales de construcción será del 1%; en rocas decorativas, 2%; minerales no metálicos, metales básicos y piedras semipreciosas, 3% cada uno; metales preciosos y piedras preciosas, 5% cada uno; tierras raras, 10%, y 3% los minerales no contemplados.
El fondo minero lo componen el monto de las regalías, que serán distribuidas en 35% para las municipalidad donde se ubique la extracción, 20% en forma equitativa para las comunas de los departamentos donde haya operaciones, 40% para el fondo común; 3% para el MEM, y 2% para el Ministerio de Ambiente.
Las mineras no estarán exentas del impuesto sobre la renta.
Descarta proceso
El ministro de Energía y Minas afirmó que las consultas comunitarias no fueron incluidas en la iniciativa, pese a la conflictividad social, ya que ese tema no le compete a su despacho y porque no están reguladas en la legislación nacional.
Analizarán propuesta
Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Mineras, dijo que la reforma a la Ley de Minería es positiva y bienvenida, siempre que se haya formulado sobre bases técnicas. Agregó que analizarán la propuesta para determinar si no afecta al sector.
Iniciativa deficiente
El asesor jurídico de Calas, Rafael Maldonado, calificó la iniciativa de ineficiente, y aseguró: “Creará más conflictividad, porque no tiene el consenso de ningún sector, quienes la rechazan”. También criticó la integración del consejo minero.
Fue enviada a Dirección
Luego de haber recibido la iniciativa, el presidente del Congreso, Gudy Rivera, indicó que esta fue ingresada a Directiva Legislativa, pero luego de que la conozca el pleno, en despacho calificado será trasladada a la comisión a la que corresponde dictaminar.
