Cuando se analiza la penosa situación por la que atraviesa Guatemala, es inevitable hacer un recuento de los últimos gobiernos y se constata muy fácilmente que lo que hoy ocurre no es una casualidad. Le penosa situación actual parece más bien ser el producto de un descuido generalizado de todos los sectores hacia sus autoridades, o también del oportunismo de algunos que han encontrado en los gobernantes los mejores aliados para subir la penuria nacional.

Ningún presidente puede presumir de una exitosa gestión, pues todos han terminado con altos indicadores de impopularidad o en el banquillo de los acusados. El primero de ellos, Cerezo, es uno de los pocos que no terminó su mandato enfrentando a la justicia, pero no por ello se libró de la corrupción y, de hecho fue quien dio los primeros pasos en la piñatización de los recursos públicos.

El segundo, Serrano, vive un dulce exilio rodeado de comodidades, pero desterrado, por intentar violentar el orden establecido y la Constitución Política, al pretender erigirse en un dictadorzuelo por medio de autogolpe. La intentona fracasó gracias a la hidalguía de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad y de muy valientes ciudadanos.

Su sucesor, Arzú, tampoco se salva del desprestigio y cargó, hasta su muerte, con la mancha de una ola privatizadora de los bienes públicos, rematados para sus amigos. También durante sus últimos días de vida estaba de cara a un proceso judicial por financiamiento electoral ilícito y por haber beneficiado con contratos y plazas a familiares del capo de las prisiones guatemaltecas.

No pudo haber sido peor el relevo con el siguiente gobierno, cuyos principales líderes pararon en prisión, enfrentando procesos por enriquecimiento ilícito. El mismo mandatario Portillo fue condenado a prisión en Estados Unidos por lavado de dinero, aunque en Guatemala no se le pudo procesar por la imperecedera cooptación del sistema judicial del país.

El siguiente Gobierno, encabezado por Berger, tiene hoy a algunos de sus principales funcionarios enfrentando procesos legales por ejecuciones extrajudiciales, otros guardando prisión, en una nueva prueba para el sistema de justicia.

De nuevo, varios de los funcionarios del siguiente Gobierno, encabezados por Colom, también están siendo procesados por amaños en otorgación de contratos y subsidios para el transporte urbano, el cual también ha puesto en el ojo de la justicia a políticos y a empresarios vinculados con ese sector.

El caso más vergonzoso lo ejemplifica el gobierno de Pérez Molina, con él y las más altas autoridades enfrentando procesos por corrupción, asociación ilícita, abuso de poder y enriquecimiento ilícito. Ya fue condenada la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por intentar estafar al Estado con la venta de una pócima para supuestamente sanear el Lago de Amatitlán.

Con esos antecedentes se explica que el actual Gobierno libre una enconada batalla por desbaratar todo esfuerzo por combatir la corrupción. Es de suponer entonces, de acuerdo a la trayectoria de los últimos gobernantes, que será cuestión de tiempo para que el actual mandatario y quizá varios de sus funcionarios terminen enfrentando a la justicia.