El 21 de diciembre de este 2020 se vence el último pacto firmado y las autoridades aún no han oficializado si renegociarán el mismo, sin embargo, en el presupuesto que finalmente anuló el Congreso de la República para el 2021 se había contemplado Q400 millones más de recursos para cumplir con el aumento salarial al que el Gobierno se comprometió con los docentes.
En los 12 años que han pasado desde la primera firma de este pacto, ha pasado también una generación de jóvenes que ingresaron al sistema educativo en el 2008 y que para este 2020 se estarían graduando de educación media.
Esta también es la razón por la que existe resentimiento en el pacto colectivo, ya que no se han visto reflejados los ocho mil millones en la calidad educativa de los estudiantes.
“El problema del pacto es que sacrifica inversión por gasto”, resume Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Al momento Guatemala se mantiene con una de las tasas de repitencia más altas en la región con el 42 por ciento según el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Pisa).
Además, la tasa neta de cobertura educativa para el 2019 fue de 51.1% para preprimaria, 77.5% para primaria, 42.4% para el nivel básico y 24% para diversificado.
Esto se suma a que el año 2020 podría terminar con uno de los mayores índices de deserción escolar a nivel nacional. Aunque esta es una consecuencia directa provocada por la pandemia del covid-19, es un reto más para el Ministerio de Educación que deberá buscar la forma de cómo mantener a los estudiantes dentro del sistema educativo el próximo año.
Ajustes salariales con condiciones
Desde 2018, el pacto colectivo ha tenido diversos ajustes salariales que van del 5 hasta el 12 por ciento.
En 2018 se incrementó a partir del 1 de abril el 8 por ciento y en enero tuvo otro incremento del 8 por ciento. En el 2013 tuvo otro reajuste del 8 por ciento, en el 2014 del 10 por ciento y en el 2015 tuvo el incremento más alto que llegaba al 12 por ciento.
En el 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales se negoció un aumento del 10 por ciento para 2019 y el 5 por ciento para este 2020.
Quezada menciona que para esta última negociación, el gobierno cometió la ilegalidad de no contar con el aval del Ministerio de Finanzas Públicas.
“Lo más grave fue que en este año vino el Congreso, con petición del Ejecutivo y aprueba el aumento del pacto sin tener recursos, y lo hace con un crédito, es decir lo pagaron con un préstamo y la ley dice que no se puedan pagar gastos de funcionamiento con un endeudamiento”, menciona.
Para este 2020, como no fue aprobado el presupuesto, el Ministerio de Educación tuvo que pedir una ampliación para cumplir con las obligaciones salariales. Esta ampliación se metió en el decreto 12-2020 aprobada por el Congreso junto a las medidas de impacto social para mitigar los efectos del covid-19.
Estuardo García, analista de Empresarios por la Educación explica que estos aumentos se dan a través de seis escalafones. Un maestro de primer ingreso accede a la clase A y para ser promovido debe pasar por una evaluación que aplica para cinco áreas y cada una cuenta con una ponderación específica: tiempo de servicio (40%), calidad (20%), superación (20%), servicios extracargo (15%) y méritos especiales (5%).
“El problema es que el tiempo de servicio pesa casi la mitad en esa evaluación, entonces prácticamente casi que cada cuatro años el docente sube al escalafón siguiente”, explica.
El pacto también contempla procesos de formación permanentes a los maestros para garantizar la calidad educativo. Para esto se instaura el Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep). Los docentes graduados de este y del programa de Formación Inicial Docente (FID), reciben un bono mensual de Q600.
Aunque los derechos laborales no pueden tener retroceso, los entrevistados mencionan que se podrían poner como condicionantes según los resultados de aprendizaje que demuestren los estudiantes. Sin embargo, el aprendizaje en materias básicas como matemática y lectura siguen siendo bajos.
En 2019 se evaluaron a 157 mil 318 estudiantes de 4 mil 300 establecimientos del sector público, privado, por cooperativa y municipal. Únicamente el 13 por ciento tiene resultados favorables en Matemática y el 37 por ciento en lectura.
Aunque las autoridades del Ministerio de Educación y el sindicato dirigido por Joviel Acevedo aún no se han pronunciado oficialmente sobre el vencimiento del pacto, fuentes extraoficiales mencionan que ya empezaron con el diálogo.
Esto se tendrá que saber antes del 21 de diciembre, de lo contrario, el pacto se prorroga inmediatamente con las mismas condiciones y beneficios.
Finalmente, como el presupuesto del 2021 fue anulado, el Mineduc deberá recurrir, otra vez, a una ampliación presupuestaria o financiamiento desde algunos de sus programas para poder cumplir con el compromiso salarial para los docentes.
