Las sanciones son por propaganda electoral ilegal y campaña anticipada. El monto de cada una oscila entre los US$50 mil 001 a US$125 mil 001, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
De las 53 sanciones, 47 aún no están firmes, ya que los candidatos interpusieron recursos legales y aún pueden ser revocadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o Corte de Constitucionalidad (CC). De momento, solo diez infracciones causaron firmeza, es decir, ya no existen trámites judiciales o administrativos que las puedan revertir. Por lo tanto, deben ser canceladas sin excusa.
Entre estas últimas se encuentran las multas impuestas a Julio Héctor Estrada y Yara Argueta, quienes participaron por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente, por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Cada uno debe pagar US$50 mil 001 por propaganda electoral ilegal, según el TSE.
Al consultarle sobre este tema, Estrada indicó que oficialmente la institución electoral nunca los notificó de la sanción. Por esta razón interpondrán los recursos que la ley les permite.
El Registro de Ciudadanos también sancionó a otros tres candidatos a la presidencia, pero todos tienen recursos legales pendientes por resolverse.
Entre estos se encuentra el presidente Alejandro Giammattei, quien, de quedar firme la infracción, debe pagar US$50 mil 001 por pautar ilegalmente en Facebook.
Al respecto, Francis Masek, secretaria de comunicación social, dijo que es la agrupación Vamos la que debe responder sobre esto, ya que el mandatario no tiene representación partidaria. Mynor Mejía, jefe de bancada de Vamos, dijo que la sanción fue impugnada “y en su momento nos vamos a pronunciar a través de nuestro secretario general”.
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Otro candidato en la misma situación fue Edmond Mulet, excandidato a la presidencia por el Partido Humanista, quien debe dos sanciones que suman US$300 mil 006 por propaganda electoral ilegal.
“Se presentó el recurso de amparo correspondiente ante la CSJ, la cual me amparó provisionalmente. El expediente está en manos de la CC y tenemos confianza que se confirmará ese amparo. Las multas fueron impuestas violando el derecho constitucional de debido proceso y derecho de defensa, ya que (…) no se corrió audiencia para escucharnos”, refirió el expresidenciable por un mensaje vía whatsapp.
Actualmente, Mulet se encuentra en la conformación de una plataforma política denominada “Cabal”, según lo ha anunciado en sus redes sociales.
De igual forma, Roberto Arzú, excandidato por la coalición PAN-Podemos, tiene tres sanciones que suman US$231 mil 666.67 por campaña anticipada. Se intentó consultarle cuándo las cancelaría, pero no contestó llamadas ni mensajes.
El resto de las multas son contra candidatos a diputados y alcaldes de distintas organizaciones políticas y todas están pendientes de pago.
AC: Los procesos se entrampan
Gabriela Ayerdi, de Acción Ciudadana (AC), comentó que es difícil que las multas queden firmes ya que la legislación permite que los candidatos realicen impugnaciones, al punto de entrampar los procesos.
Ahora, en cuanto a las diez multas que ya están firmes, el TSE debe seguir los procedimientos que permite la legislación guatemalteca para obligar a los deudores a que paguen su infracción, dijo Ayerdi.
“En estos casos hay una deuda hacia el Estado y se debe iniciar un proceso de ejecución que está en la ley de lo contencioso administrativo”, explicó la entrevistada.
Por su parte, Geidy de Matta, analista política del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), refirió que en muchas ocasiones las personas hacen uso de los recursos que la ley les permite para burlar la jurisprudencia de la autoridad electoral.
“A través de una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos hace falta darle más potestad al TSE”, afirmó De Matta.
La analista dijo que el monto de las multas pudiese servir al TSE para trabajar en la formación de cultura política y construcción de ciudadanía.
“El rol del TSE no es únicamente durante las elecciones. Estos recursos (de las multas) deben utilizarse en procesos formación de cultura política guatemalteca”, dijo.
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Atrasos en la información
El listado de los candidatos con infracciones se solicitó desde el 29 de septiembre vía acceso a la información pública al TSE. No obstante, el detalle de los nombres se obtuvo hasta ayer.
Uno de los retrasos ocurrió porque la unidad de información pública (UIP) respondió a la solicitud hasta el 15 de octubre, es decir, en 12 días hábiles después. Sin embargo, la Ley de Acceso a la Información Pública regula que el plazo máximo para que las instituciones públicas respondan es de diez días hábiles, máximo.
Además, la respuesta que se brindó fue incompleta, ya que en un oficio solo se refirió que se habían interpuesto 53 sanciones contra personas jurídicas individuales, sin especificar el nombre de cada uno.
Por esta razón, se interpuso un recurso de revisión en el que se señaló al pleno del TSE que la respuesta se dio de forma extemporánea y no se entregó la totalidad de la información requerida.
El 22 de octubre, el pleno de magistrados declaró con lugar el recurso y ordenó que se entregara la información en diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo ordinario de la respuesta.
El viernes, la UIP solicitó por correo que la información se recogiera de forma presencial, la cual estuvo disponible hasta ayer, ya que hace dos días el Ejecutivo decretó descanso para las instituciones estatales.
