“He hablado telefónicamente con mi papá y él está tranquilo. Me ha dicho, con voz firme y de manera absolutamente convincente, que es inocente y que fue engañado para ser expuesto a esto”, indica la declaración del alcalde de la cabecera de Jalapa.

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“Es tanta su confianza”, dice Estrada Ruano sobre su padre, que solicitó al juez de Miami que presidió la audiencia del 23 de abril su inmediato traslado a Nueva York para poder solventar su situación jurídica por los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y conspiración para usar y transportar ametralladoras, que le pueden significar una pena de 10 años o hasta cadena perpetua.

La declaración de Estrada Ruano surge luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó la inscripción  de Estrada Orellana, postulado por la Unión del Cambio Nacional (UCN).

Al afirmar que puede entender que la población, ante “la alta corrupción que se ha apoderado de Guatemala” crea la acusación de Estados Unidos contra su padre, Estrada Ruano señala que “hay dudas” sobre los señalamientos, los cuales no menciona.

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Curiosamente, el alcalde jalapaneco hace una petición al Congreso a fin de que investigue qué las personas viajaron de noviembre de 2018 a la fecha a Estados Unidos. Aunque no precisa nombres, en ese periodo de tiempo ocurrieron las reuniones de agentes encubiertos de la DEA con Estrada Orellana y su operador Juan Pablo González Mayorga, quien está detenido, tanto en ese país como en Guatemala.

Por último, Estrada Ruano aceptó la cancelación de la inscripción de su padre y no interpondrán ninguna impugnación. “Si algo nos ha inculcado nuestro padre, es a ayudar a construir una mejor Guatemala para todos”, concluyó.

La familia del político jalapaneco había anunciado una conferencia de prensa para el 25 de abril, pero la canceló.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Estrada Orellana de haber tenido contactos con quienes creyó que eran enlaces del cartel de Sinaloa, pero que en realidad eran informantes y agentes encubiertos de la DEA, para transar US$12 millones para su campaña a cambio de ceder a esa organización vía libre en puertos y aeropuertos, así como nombrar funcionarios afines para los ministerios de Gobernación y Defensa, para el trasiego de droga, aproximadamente seis aviones al mes, para lo cual le harían una comisión de 10 por ciento.

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