Migración, corrupción y empleo, los tres temas discutidos entre EE. UU. y Guatemala

En su visita la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, manifestó que su gobierno está comprometido en apoyar la lucha contra la corrupción por ser esta una de las causas de la migración.

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, ofreció una conferencia de prensa con el presidente Alejandro Giammattei para anunciar los acuerdos para frenar la migración. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, ofreció una conferencia de prensa con el presidente Alejandro Giammattei para anunciar los acuerdos para frenar la migración. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

No siempre la figura de un funcionario extranjero carga con tantas expectativas como las que provocó la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos (EE. UU.), Kamala Harris, en diversos sectores gubernamentales, económicos y de sociedad civil.

La segunda al mando del gobierno de los EE. UU., el principal socio comercial de Guatemala, visitó el país dos meses y medio después de que el presidente Joe Biden le encargara “un trabajo duro”, según él lo calificó: encargarse de las oleadas de migrantes conformadas por adultos y niñez no acompañada que en los últimos meses han desbordado la frontera sur de EE. UU.

Su visita motivó una serie de requerimientos y esperanzas en múltiples actores, lo cual devela, a lo mínimo, dos realidades. La primera es la poca confianza que hay en las capacidades del gobierno de Guatemala para contrarrestar, por sí solo, problemas como la pobreza y el crimen organizado. La segunda, que Guatemala y Estados Unidos viven una realidad “interdependiente”, y lo que sucede en ambas naciones es de interés mutuo, como la misma vicemandataria lo mencionó en la conferencia de prensa.

En la víspera de la llegada de Harris hubo desde quienes se incomodaron por el acercamiento de un gobierno que ve la corrupción como una de las causas que impide el desarrollo, hasta otros que abogaron por más inversiones extranjeras, generación de empleos y apoyo a jueces independientes y fiscales que investigan a funcionarios que se enriquecen a costa de los recursos públicos.

Harris enfatizó al presidente Alejandro Giammattei que este es el primer viaje a un país extranjero que realiza como vicepresidenta, lo cual, aseguró, demuestra el interés que tiene su gobierno en erradicar las causas de la migración irregular.

La reunión de la vicemandataria con Giammattei y ministros de estado abarcó temas que al gobierno le complació informar, como la generación de más empleos en el país, pero también incluyó conversaciones sobre la lucha contra la corrupción, un asunto que ofuscó al presidente cuando se le cuestionó al respecto.

Corrupción

“Nuestra prioridad debe ser la lucha contra la corrupción porque esta erosiona la confianza de las personas en su gobierno y pone en peligro la capacidad de cualquier país de aprovechar al máximo sus recursos naturales para apoyar a sus ciudadanos. Nuestra meta principal es ayudar a los guatemaltecos a sentirse esperanzados quedándose en casa”, dijo Harris con la firmeza que le caracteriza.

De esa forma introdujo la propuesta de crear una fuerza de tarea que combata la corrupción. Esta consistirá en un equipo de trabajo que el Departamento de Justicia conformará con el apoyo del Departamento de Estado. Incluirá a fiscales y especialistas en la aplicación de la ley en EE.UU.  para investigar y enjuiciar casos de corrupción y asesorará a fiscales del Ministerio Público (MP), concretamente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Luego del anuncio de Harris, Giammattei presumió que su gobierno ha apoyado la lucha contra la corrupción a través del apoyo financiero al MP y habilitando portales de transparencia que permiten darle seguimiento al gasto público.

No obstante, el compromiso del Ejecutivo en esta tarea se ha visto apañado por acciones concretas, como la promoción del presidente y diputados aliados de una ley de oenegés que debilitaría el derecho de libre asociación y la posibilidad de fiscalizar la política pública o la integración tardía e irregular de las Cortes del país, en la cual la bancada oficial, aliada al presidente, ha jugado un papel preponderante.

Al ser cuestionado sobre esto, Giammattei se exasperó y atribuyó la mala reputación a las redes sociales.

“Las redes sociales más que información llevan desinformación. Quisiera devolverle la pregunta a usted. ¿En cuántos casos de corrupción he sido señalado? Puedo dar la respuesta. En cero.”, contestó a un periodista que le preguntó que le preguntó cómo reaccionaba a sus críticos.

Giammattei afirmó que la corrupción “no solo es de políticos, pasa por personas que obtienen dinero del extranjero para venir a hacer cosas y no sabe quién se los mandó y para qué lo utilizan”. Esta retórica fue la misma que sirvió para aprobar la ley de onegés en el Congreso en febrero de 2020.

El analista y director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, considera que “la idea es correcta” al hablar de la creación de la fuerza de tarea regional anticorrupción porque no se puede resolver internamente el problema, sobre todo cuando la corrupción está asociada a delitos transnacionales como el narcotráfico.

No obstante, comentó que el gran reto de dicha instancia será “encontrar la forma de darle dientes” y hallar con qué actores en cada país va a trabajar.

“El éxito de la Cicig (Comisión Internacional conta la Impunidad en Guatemala) fue que podía impulsar los casos”, mientras que la fuerza de tarea no tendría la capacidad de hacerlo, expuso el analista.

Migración

Un punto de acuerdo entre Harris y Giammattei es que las personas que migran no quieren abandonar sus comunidades, pero lo hacen por la pobreza y falta de oportunidades.

“La mayoría de la gente no quiere partir de sus casas, dejando atrás el lugar de donde son originarios, donde se habla un idioma propio y donde su cultura ha estado presente por siglos. Cuando se van es porque huyen de algún daño o porque quedarse significa que no podrán satisfacer necesidades esenciales”, dijo Harris.

Giammattei informó que procurarían la obtención de visas H2A y H2B, dos tipos de visado que permiten a empleadores estadounidenses contratar a extranjeros en EE. UU. con visas agrícolas y no agrícolas de forma temporal.

Otra de las novedades anunciadas por el presidente fue la instalación de un centro de retornados que se ubicará en el occidente del país para alivianar el flujo de migrantes en la frontera sur de EE. UU y una fuerza de tarea de combate al tráfico y trata de personas que trabajará de cerca con policía local.

En la reunión privada el gobierno también pidió que se aprobara un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para migrantes residentes en EE. UU. por el paso de las depresiones tropicales Eta e Iota. No obstante, la vicemandataria comentó que “hay otras alternativas”, como el emprendimiento de mujeres, según reconoció el ministro de Economía, Antonio Malouf.

Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, dijo que los aspectos migratorios que puedan tener resultados en el corto plazo fueron pocos abordados por la vicepresidenta Harris.

Por ejemplo, la instalación del centro de deportados que debería ser, aparte de un área física, un lugar donde los guatemaltecos que retornan al país puedan ser orientados para reinsertarse a la vida económica y social de Guatemala, así como recibir acompañamiento legal y psicosocial.

Añadió que las expectativas respecto al TPS, visas laborales y reunificación de familias se quedaron cortas, de hecho, recordó que estos temas que podrían representar un beneficio directo para Guatemala solo fueron mencionados por el presidente Giammattei.

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2.5 millones de empleos

El gobierno de Guatemala informó sobre una hoja de ruta para la generación de 2.5 millones de empleos formales durante los próximos 10 años, con el apoyo de Estados Unidos.

La estrategia está enfocada en los esfuerzos de atracción de inversión extranjera, la mejora del desempeño comercial del país y el fortalecimiento de las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), para generar desarrollo económico a largo plazo.

En opinión de Luis Linares, especialista laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), crear 250 mil empleos al año es factible, pero para poder lograr ese aceleramiento es necesario enfocarse en la calidad y en la capacitación de la fuerza laboral.

David Casasola, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) coincide con Linares, y ve “viable” la generación de esa cantidad de empleos, pero enfatizó que deben ser sostenidas en el tiempo, dado que la ruta arranca con este gobierno, pero termina con otras administraciones, y eso siempre ha sido un desafío, y principalmente los esfuerzos deben ir enfocados en proyectos productivos de valor agregado que mejoren la calidad de vida de los trabajadores guatemaltecos.

El Ministerio de Economía informó, a través de la oficina de Comunicación Social, que el acuerdo gira entorno la estrategia de atracción de inversiones, en las industrias priorizadas —farmacéutica, insumos médicos, aparatos electrónicos y Bpos —, fortalecer los sectores en los que el país no se desempeña de manera destacada a nivel mundial —agroindustria, alimentos, químicos, plástico y hule, vestuario y textiles, entre otros — y fortalecer las capacidades de los jóvenes principalmente en inglés y programación; además de innovar las cadenas agroindustriales.

Los proyectos de inversión de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos en Guatemala incluyen inversiones en vivienda asequible, apoyo a la agroindustria y financiamiento para las mipymes.

Son más de US$40 millones de DFC que estarán promoviendo el desarrollo económico y mejoramiento de la vida de las mujeres y las comunidades del país.

Todos los acuerdos tienen como objetivo disminuir las oleadas migrantes, considerado un problema por el gobierno demócrata, pues constantemente se enfrentan a los cuestionamientos de sus adversarios políticos que los señalan de no hacer lo suficiente para frenar este fenómeno.

La exvicecanciller Anamaría Diéguez cree que la reunión fue positiva en el sentido de que Guatemala se está posicionando como el único interlocutor válido entre EE. UU. y la región, pero “dependerá de los guatemaltecos demostrar que podemos ser un socio confiable”.

En ese sentido, Diéguez dice que el país debe hacer su mejor esfuerzo por ganarse esa confianza. “El embajador Gert Rosenthal decía, ‘hay que escribir con buena letra’, y ahora nos están dando la hoja en blanco”, resaltó.

Harris confía que los acuerdos suponen un enfoque nuevo de trabajo, que no se había implementado por anteriores administraciones.

“Ha habido muchos intentos de colaboración de EE. UU y esta región. Algunas iniciativas han funcionado y otras no. Hay aspectos nuevos y que se basan en una nueva era. Me parece que apreciemos nuestra interdependencia y conexión”, puntualizó Harris.