Pese a que la Comisión se integró ayer, los miembros aún no se han reunido. El retraso obedece a que uno de sus integrantes está convaleciente y se encuentra en un centro asistencial, por lo que se espera que sea hasta el próximo martes que se lleve a cabo la primera reunión y definir el cronograma de trabajo.

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José Alberto Hernández Salguero, presidente de la Comisión, confirmó que con la única integrante de la Pesquisidora con la que no se ha podido comunicar es con la diputada Elza Cu Isem.

“La primera reunión se daría el martes o miércoles y los puntos que se van a tratar y respetar son los establecidos en el artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicio”, señaló el congresista.

Agregó que desde ayer recibió el expediente de antejuicio por parte de la Dirección Legislativa, pero que no ha procedido a convocar a la primera reunión debido a los problemas de salud del diputado Raúl Romero.

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Romero fue consultado vía telefónica y señaló que espera ser dado de alta el próximo domingo y confirmó que ya se contactó con algunos miembros de la Pesquisidora.

“Acordonamos reunirnos el martes entrante, precisamente porque consideraron que estaba hospitalizado y esperar a que saliera entre el domingo o lunes, pero ya lo acordamos”, señaló el legislador.

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Elección

El jueves tuvo lugar la segunda sesión plenaria de este año donde se realizó el sorteo para integrar a la Comisión Pesquisidora que evaluará el expediente de antejuicio de los magistrados de la CC Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras

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José Alberto Hernández Salguero, del bloque Unión del Cambio Nacional, es el presidente; Boris España, el secretario, y los vocales Raúl Romero, del bloque Fuerza; Leocadio Juracán, de Convergencia, y Elza Cú Isem, del bloque Movimiento Reformador.

En dicha sesión y luego de una amplia discusión los diputados acordaron que se conformara una sola comisión pero, cuando el informe de la pesquisidora llegue al pleno se haga una votación por cada magistrado.

La ley señala claramente que la Comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia de los funcionarios y solo establecerá la existencia de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos.

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