Comisión pesquisidora para magistrados de la CC queda integrada

El Congreso seleccionó este jueves la comisión pesquisidora que evaluará y recomendará si los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) deben perder o conservar su inmunidad, ante los señalamientos de violación a la Constitución, entre otros delitos.

Momento en que el Congreso selecciona a los cinco pesquisidores para magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Momento en que el Congreso selecciona a los cinco pesquisidores para magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

José Alberto Hernández Salguero, del bloque Unión del Cambio Nacional, será el presidente; Boris España, independiente, será el secretario, y los vocales serán Raúl Romero, del bloque Fuerza; Leocadio Juracán, de Convergencia, y Elza Cú Isem, del bloque Movimiento Reformador.

 

Previo a que se conformar la comisión pesquisidora el pleno del Congreso discutió por varios minutos si era prudente conformar solo una o tres comisiones pesquisidoras.

De hecho, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, en el momento de abordar el punto, le informó al pleno que la Ley en Materia de Antejuicio no especificaba cómo se debía proceder en este caso: un expediente que involucra a tres funcionarios.

Debido a esto pidió que se discutiera un proyecto de precedente para que el pleno lo aprobara, este señalaba que solamente se conformara una sola comisión pesquisidora y se sometió a discusión en el pleno.

El diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, tomó la palabra y señaló que este no era el procedimiento correcto y que se debía confirmar tres comisiones pesquisidoras.

Este punto de vista fue compartido por el legislador Amilcar Pop, del bloque Winaq, quien afirmó que este precedente era erróneo y señaló que si se aprobaba sería ilegal.

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Sin embargo, también hubo opiniones en sentido contrario, como en el caso del diputado Juan Ramón Lau, quien señaló que solo debía ser una comisión. De la misma forma Fernando Linares-Beltranena, de Partido de Avanzada Nacional, señaló que se estaban confundiendo argumentos legales y que lo correcto sería conformar únicamente una sola comisión.

El oficialista Estuardo Galdámez señaló que pareciera que ya había comenzado la defensa oficiosa de los magistrados de la CC y propuso que fuera el pleno el que decidiera qué hacer.

Al terminar la discusión, Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, pidió una reunión entre los jefes de bloques en el hemiciclo parlamentario.

Integrantes de la comisión pesquisidora José Alberto Hernández Salguero, presidente; Boris España, secretario, y los vocales Raúl Romero, Leocadio Juracán y Elza Cú Isem. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Arzú Escobar anunció luego que se había consensuado retirar el proyecto de precedente y llamó a votación para retirarlo de la discusión. Esto fue aprobado con 127 votos.

Inmediatamente después el presidente del Congreso sometió a votación la moción privilegiada del diputado Estuardo Galdámez para que se conformara una sola comisión pesquisidora. Una vez llegue el informe de la pesquisidora al pleno, la votación será por separado para cada magistrado.

Esta propuesta tuvo la aceptación de los distintos bloques del Congreso y de hecho la votación lo confirmó pues fue aprobado con 106 votos, es decir más de dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.

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Procedimiento

Ahora que la comisión Pesquisidora ya fue integrada y según la Ley en Materia de Antejuicios, los diputados deberán examinar el expediente y demás documentos que presenten las partes, hará citaciones y escuchará a los magistrados antejuiciados.

Los congresistas deberán ir recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si estos pueden o no suponer la comisión de delito.

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La legislación señala que al finalizar su investigación y consideraciones la comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.

Algo importante que se debe tomar en cuenta es que la ley señala claramente que la comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado.

El propósito de la comisión pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos.

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Igualmente corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La misión de la comisión pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos.

Posterior al trabajo de la comisión pesquisidora se entregará una copia del informe circunstanciado a todos los diputados y el pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado en una sesión ordinaria.

Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras, magistrados de la CC antejuiciados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esta se discutirá y al terminar los diputados procederán a votar, para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio para los magistrados es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.

Si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso.

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Los magistrados Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras son señalados de los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, según a querella que planteó la Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por exconstituyentes, quienes aseguran que actúan a título personal.

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