Comisión pesquisidora para magistrados de la CC queda integrada

El Congreso seleccionó este jueves la comisión pesquisidora que evaluará y recomendará si los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) deben perder o conservar su inmunidad, ante los señalamientos de violación a la Constitución, entre otros delitos.

Momento en que el Congreso selecciona a los cinco pesquisidores para magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Momento en que el Congreso selecciona a los cinco pesquisidores para magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

José Alberto Hernández Salguero, del bloque Unión del Cambio Nacional, será el presidente; Boris España, independiente, será el secretario, y los vocales serán Raúl Romero, del bloque Fuerza; Leocadio Juracán, de Convergencia, y Elza Cú Isem, del bloque Movimiento Reformador.

 

Previo a que se conformar la comisión pesquisidora el pleno del Congreso discutió por varios minutos si era prudente conformar solo una o tres comisiones pesquisidoras.

De hecho, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, en el momento de abordar el punto, le informó al pleno que la Ley en Materia de Antejuicio no especificaba cómo se debía proceder en este caso: un expediente que involucra a tres funcionarios.

Debido a esto pidió que se discutiera un proyecto de precedente para que el pleno lo aprobara, este señalaba que solamente se conformara una sola comisión pesquisidora y se sometió a discusión en el pleno.

El diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, tomó la palabra y señaló que este no era el procedimiento correcto y que se debía confirmar tres comisiones pesquisidoras.

Este punto de vista fue compartido por el legislador Amilcar Pop, del bloque Winaq, quien afirmó que este precedente era erróneo y señaló que si se aprobaba sería ilegal.

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Sin embargo, también hubo opiniones en sentido contrario, como en el caso del diputado Juan Ramón Lau, quien señaló que solo debía ser una comisión. De la misma forma Fernando Linares-Beltranena, de Partido de Avanzada Nacional, señaló que se estaban confundiendo argumentos legales y que lo correcto sería conformar únicamente una sola comisión.

El oficialista Estuardo Galdámez señaló que pareciera que ya había comenzado la defensa oficiosa de los magistrados de la CC y propuso que fuera el pleno el que decidiera qué hacer.

Al terminar la discusión, Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, pidió una reunión entre los jefes de bloques en el hemiciclo parlamentario.

Integrantes de la comisión pesquisidora José Alberto Hernández Salguero, presidente; Boris España, secretario, y los vocales Raúl Romero, Leocadio Juracán y Elza Cú Isem. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Arzú Escobar anunció luego que se había consensuado retirar el proyecto de precedente y llamó a votación para retirarlo de la discusión. Esto fue aprobado con 127 votos.

Inmediatamente después el presidente del Congreso sometió a votación la moción privilegiada del diputado Estuardo Galdámez para que se conformara una sola comisión pesquisidora. Una vez llegue el informe de la pesquisidora al pleno, la votación será por separado para cada magistrado.

Esta propuesta tuvo la aceptación de los distintos bloques del Congreso y de hecho la votación lo confirmó pues fue aprobado con 106 votos, es decir más de dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.

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Procedimiento

Ahora que la comisión Pesquisidora ya fue integrada y según la Ley en Materia de Antejuicios, los diputados deberán examinar el expediente y demás documentos que presenten las partes, hará citaciones y escuchará a los magistrados antejuiciados.

Los congresistas deberán ir recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si estos pueden o no suponer la comisión de delito.

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La legislación señala que al finalizar su investigación y consideraciones la comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.

Algo importante que se debe tomar en cuenta es que la ley señala claramente que la comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado.

El propósito de la comisión pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos.

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Igualmente corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La misión de la comisión pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos.

Posterior al trabajo de la comisión pesquisidora se entregará una copia del informe circunstanciado a todos los diputados y el pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado en una sesión ordinaria.

Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras, magistrados de la CC antejuiciados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esta se discutirá y al terminar los diputados procederán a votar, para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio para los magistrados es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.

Si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso.

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Los magistrados Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras son señalados de los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, según a querella que planteó la Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por exconstituyentes, quienes aseguran que actúan a título personal.

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Gildardo Cifuentes Hace 7 meses

Solo les falta la CC para cuadrar las mafias y a darle en la nuca al pueblo.

Jaime Castillo Hace 7 meses

QUE BUENO PUEDE ESPERARSE CUANDO LA COMISION PESQUISIDORA ESTA INTEGRADA POR UNOS DE LOS MIEMBROS MAS CORRUPTOS DE ESTE NARCOGOBIERNO QUE A QUEBRADO LAS LEYES DEL PAIS A SU SABOR Y ANTOJO Y SON PRECISAMENTE LOS LEGISLADORES, FIRMANTES DEL PACTO DE CORRUPCION, LOS QUE LO APOYAN. ESTO ES SIMPLEMENTE OTRO CIRCO DEL NARCOPAYASO.

José Rizzo Hace 7 meses

Perspectiva Pro Militar

“LIBRE AL VIENTO, TU HERMOSA BANDERA”.
“Cuando se iniciaron las pláticas para alcanzar un acuerdo que diera fin al enfrentamiento armado interno, los oficiales del Ejército no estábamos preparados para ese desenlace; quienes teníamos el mando de las unidades de combate, fuimos entrenados desde el primer día en la Escuela Politécnica, para alcanzar la victoria en cualquier escenario de combate. A diferencia de otras generaciones de comandantes, la nuestra ingresó al Ejército casi al tiempo que se iniciaron las operaciones de la guerrilla, por lo tanto, nos nutrieron de las experiencias de combate, asistimos a cursos de especialización en operaciones de montaña y nuestros mentores fueron muy sabios en proporcionar los elementos esenciales de análisis de situación para conocer y entender lo que hacíamos en consonancia con las condiciones tácticas y el ordenamiento legal vigente.
Cuando tuvimos las primeras noticias de la posibilidad de iniciar pláticas con el enemigo, nos encontrábamos empeñados en cambiar radicalmente la táctica de combate para liquidar un problema que, en sí, ya estaba en vías de liquidarse por los éxitos contundentes que las unidades de maniobra habían obtenido. Solo faltaba elaborar algunos ajustes para acortar el tiempo.
Nos llevó tiempo, análisis y convicción, acostumbrarnos a ver a los alzados en armas, como sujetos dignos de ser escuchados para buscar rutas más cortas que llevaran a nuestra nación a un estado de paz y concordia en el que los propósitos políticos fueran discutidos en terrenos políticos, por medios políticos y no por la vía armada.
Una de las etapas finales de esta temática, consistió en establecer los mecanismos de perdón a las violaciones a la ley que se habían dado en el enfrentamiento. Y es que, vivir un encuentro armado en la espesura de la selva, en la oscuridad de la noche, dentro de áreas densamente pobladas; atendiendo los requerimientos de dirección y control mientras también se atienden heridos y fallecidos no es tarea fácil de comprender para quienes, en otro escenario de la vida, pasan el día en tareas propias de su trabajo, desayunan almuerzan y cenan, ven a su familia y reciben a tiempo su salario estando en condiciones de dormir ocho horas diarias a placer.
De esa cuenta, nadie estaba dispuesto a someterse a caprichos de terceros que más adelante reclamaran derecho a una justicia por la cual JAMÁS estuvieron dispuestos a luchar. Lo bailado (como dijo un miembro de URNG) ya nadie lo puede arreglar.
Fue apareciendo entonces, el listado de artículos que conformaron la Ley de Reconciliación Nacional con la pretensión de dar certeza jurídica al futuro de quienes participaron en el enfrentamiento.
Como lo dice en su libro Álvaro Arzú, los primeros que aparecieron oponiéndose a la firma de los Acuerdos de Paz, fueron los jerarcas de la Iglesia Católica, y fueron ellos, también, quienes iniciaron a través de la ODHA la campaña de persecución penal, por supuesto, solamente en contra de miembros del Ejército y colaboradores como Comisionados Militares, miembros de la autodefensa civil y oficiales.
Para lograr esta persecución, debidamente apoyados por infiltrados en el sistema de justicia, retorcieron términos como “genocidio”, “desaparición forzada” y “delitos de lesa humanidad”. Obteniendo sentencias de la CIDH para resarcir económicamente a las supuestas víctimas. Este resarcimiento fue un detonante entre la población, pues se trata de montos millonarios inimaginables para ellos y los dispuso a participar como víctimas aprendiendo el papel creado para el efecto por los promotores de lo que llamaron “justicia transicional”.
Este sistema perverso, empleo para sus fines a profesionales de dudosa reputación busca fortunas y a ONG creadas con fines espurios, para hacer “expertajes” que pudiesen ser utilizados por los justicieros como “pruebas contundentes” para emitir sentencias hasta de cientos y miles de años de prisión contra quienes, en realidad, defendieron la agresión armada contra el Estado de Guatemala en cumplimiento a un mandato constitucional.
Ahora, le corresponde a ese Estado de Guatemala cuya amenaza armada ya no pone en riesgo a sus instituciones, devolver a los mejores hijos que esta Patria ha parido, su bien más preciado LA LIBERTAD que se merecen, aunque esto ya no sea posible para Don Cándido Noriega, el honorable coronel Marco Antonio Sánchez y el honorable coronel Luis Paredes quienes infortunadamente fallecieron dentro de una prisión injusta.
Ahora le corresponde a ese Estado de Guatemala a través del Congreso de la República, dar una muestra de justicia verdadera derogando el artículo 8º de la Ley de Reconciliación Nacional y demostrar para la historia que la Patria no es una quimera y defenderla es el primer deber de un ciudadano.
¡PORQUE LA PATRIA, ES NUESTRA CAUSA Y NUESTRO FIN!”.