La magistrada María Eugenia Mijangos explicó que, a título personal, considera que es importante facilitar una mayor divulgación de información, pero que no puede hablar en nombre del pleno, por lo que, por el momento, se analiza la posibilidad de hacer modificaciones a los espacios y distribución de la pauta electoral, a menos de dos meses que inicie la campaña.

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“A criterio personal considero que se debería prorrogar. Es natural que quieran más espacios, en ese sentido lo mejor sería llegar a una resolución en este tema, que sea de beneficio democrático”, indicó Mijangos.

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De haber alguna modificación, esta también afectaría la Ley Electoral y el Reglamento de Medios de Comunicación, explicó la magistrada.

“Estamos muy conscientes de que tenemos que tener una discusión a profundidad para encontrar una solución de esta problemática. Lo que al final resolvamos va a ser algo que surja de una discusión de criterios de cada magistrado” agregó.

El memorial fue conocido el jueves por los magistrados del TSE y fue firmado por seis representantes de partidos políticos, aunque no se identificó el nombre o la agrupación representada.

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El 16 de enero, la Unidad de Medios sorteó la distribución, en radio y televisión, de la propaganda electoral. Ese día también se informó que cada partido político tendrá 12 vallas para promocionar a todos sus candidatos en todo el país.

Además, una división por regiones hará que los candidatos presidenciales tengan publicidad solo en la mitad del país, de acuerdo a los criterios aplicados por la Unidad de Medios, entidad que fue creada luego de la última reforma a la Ley Electoral, en el 2016.

Para publicidad en radio y televisión, los partidos tienen 20 segundos en el horario de entre 6.00 y 23.00 horas, según lo fijado por la Unidad de Medios.

Cámara se pronuncia

La Cámara Guatemalteca de Periodismo sobre el tema señaló que se restringe y criminaliza el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento, así como los derechos democráticos de participar en política y de elegir, ser electo y optar a cargos públicos.

La Cámara condena la pretensión de controlar, censurar y sancionar el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento, así como la intencionada limitación de los derechos democráticos de participar en política, señala en un comunicado difundido este viernes.

También demanda a la Corte de Constitucionalidad que habiendo vencido los plazos legales para el efecto, resuelva en definitiva las respectivas impugnaciones y deje sin vigencia y expulse del ordenamiento jurídico las disposiciones legales y reglamentarias impugnadas.

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